Las trabajadoras sociales denuncian que el Gobierno está llevando a cabo una campaña para sustituir los derechos sociales por la caridad pública

El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) denuncia que el Gobierno ha orquestado una campaña para sustituir la red pública de servicios sociales por ayudas puntuales a través de servicios concertados. “Mientras desmantelan el sistema público, dan pasos hacia la beneficencia. Los programas puntuales son parches que ni van a la raíz del problema ni lo abordan en su integridad”, denuncia la presidenta del CGTS, Ana Lima. Además, explica, “estos planes tan pronto como se crean, se pueden anular, no son garantía de nada”. El Consejo alerta de la gravedad de la situación, porque supone un cambio de paradigma. “Los y las trabajadoras sociales rechazamos que sea la caridad la que prime sobre los derechos sociales, porque eso va en contra del principio de justicia social”, explica Lima.

El último ejemplo de este proceso “de vuelta a la beneficencia”, denuncia el CGTS, es el nuevo sistema de subvenciones sociales que aprobará esta tarde el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. Las ayudas de emergencia, antes, puntuales, se están generalizando y sustituyendo a la red pública de servicios sociales.

Otra muestra de esta campaña es la aprobación del Plan Social de Apoyo a ONG, dotado con 700 millones. Según anunció el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hace unos días, este presupuesto se destinará a las entidades sociales que actúen en la ayuda a familias en riesgo de exclusión, la atención a las personas mayores y la discapacidad.

El CGTS aplaude este plan, pero recuerda a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que no puede delegar en la iniciativa social la protección a estos grupos. “El tercer sector es muy necesario, pero siempre es complementario a la red pública”, insiste Lima. La presidenta del Consejo General recuerda que la atención a esos grupos, entre otros, se financiaba con el Plan Concertado que el Gobierno ya ha anunciado que dejará de pagar en 2014. El Plan Concertado es un acuerdo tripartito entre Estado, Autonomía y Ayuntamiento, en que se las tres administraciones se reparten la financiación de los servicios sociales municipales. La aportación estatal a esta partida sufrió un recorte del 42,2% en 2012 y del 40% en los presupuestos de este año.

A esto hay que sumar cómo afectará la reforma de la Administración Local a los servicios sociales. El Gobierno planea eliminar las competencias municipales en materia de servicios sociales. Según el texto, los ayuntamientos sólo gestionarán casos puntuales de emergencia social. La competencia en prevención y gestión integral de los servicios sociales quedaría en manos de las autonomías. “Si las comunidades están asfixiadas con la deuda, ¿cómo van a asumir competencias nuevas?”, teme Lima.

Además, la reforma en camino abre la puerta a la privatización de la gestión íntegra de los servicios sociales de base. De hecho, con esa excusa, ya ha habido ayuntamientos que se han adelantado incluso a la aplicación de la reforma. Es el caso del de Galapagar, Madrid.

Por otra parte, el CGTS también advierte al Consejo Territorial de Servicios Sociales y dependencia que deje de criminalizar a los y las beneficiarias de la Ley de Dependencia con la aprobación del nuevo modelo de información del Sistema de Dependencia. “No olvidemos que 213.824 personas siguen esperando una ayuda reconocida por ley”, insiste Ana Lima.

“Todo indica que el Gobierno apuesta por debilitar lo público”, critica Ana Lima. Según indica la presidenta del CGTS, “parece una contradicción que se hable de acciones para paliar la situación de emergencia reforzando el tercer sector y por otro lado se elimine el Plan Concertado y se cuestionen la prestación integral a las familias desde los servicios sociales municipales con la reforma local”. Por todo ello, Lima considera que los pasos que está dando el Gobierno no son fruto del desconocimiento, sino del camino decidido hacia la caridad pública.