Los criterios de reparto del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados vulneran los derechos de la ciudadanía

El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) y los 36 colegios profesionales de toda España denuncian que el sistema que ha establecido el Gobierno para repartir los 565 millones del Fondo de Ayuda Europea para los más Necesitados (FEAD) vulnera los derechos de la ciudadanía. Los y las trabajadoras sociales consideran indispensable que este dinero público (proveniente de fondos de la UE) se distribuya de acuerdo a los criterios y valoraciones de los y las profesionales competentes en esta área, los y las trabajadoras sociales. Si la justificación del reparto no responde a criterios profesionales, objetivos, por tanto, el empleo de ese dinero público va a ser opaco.

El FEAD se va a repartir a los bancos de alimentos, gestionados por ONG. Estas organizaciones componen un sistema complementario a la Red Pública de Servicios Sociales, garante de los derechos de la ciudadanía, insiste la organización colegial del trabajo social. Al tratarse de un dinero público que no se va a gestionar desde el propio sistema, el Gobierno ha tenido que determinar cómo y a quién irán destinadas las ayudas.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha establecido que se deberá elaborar un informe que determine a quién se destinarán las ayudas. No se especifica qué tipo de documento, qué contenidos, qué metodología y qué técnica profesional se recogerá. En toda la Red Pública de Servicios Sociales, el documento que establece y justifica cualquier actuación o prestación es el “informe social”. Se trata de un dictamen técnico (equiparable a la ficha médica y la prescripción en el Sistema Nacional de Salud) que elaboran los y las trabajadoras sociales, profesionales de referencia del Sistema de Servicios Sociales, tal y como recoge la propia cartera de servicios.

Además, el Ministerio establece que este informe lo elaborarán trabajadores sociales o “profesiones asimiladas”. El problema es que no existe el concepto de “profesiones asimiladas”. La propia Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), fundación estatal que determina los títulos de grado y sus competencias, no recoge esas figuras.

Por todo ello, los y las trabajadoras sociales temen que el reparto de ese dinero público no se atenga a criterios objetivos. Es necesario seguir una metodología específica, de forma que las ayudas se repartan de una forma equitativa, teniendo en cuenta los múltiples factores que influyen en la historia social de una familia, y que su reparto contribuya a evitar la exclusión social. De no hacer el reparto con criterios profesionales, las personas no serán atendidas desde la dignidad, la profesionalidad y la salvaguarda de sus derechos.

El Consejo General y los 36 colegios de trabajo social de toda España han solicitado una reunión al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. También han pedido reunirse con representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos y de Cruz Roja para fomentar la coordinación y el reparto justo.

Los y las trabajadoras sociales insisten en su rechazo a las políticas sociales asistencialistas y consideran esencial defender los derechos de la ciudadanía, en especial los de los más desprotegidos.