Los dependientes murcianos esperan más

Los dependientes murcianos aguardan 77 días más que la media nacional para poder acceder a las prestaciones a las que tienen derecho, según se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso este periódico. Así, en la Región la espera se sitúa de media en 296 días, frente a los 219 del conjunto de España. A la estadística hay que añadirle algunas aclaraciones y matices porque adolece de lagunas, pero al menos ofrece una comparativa entre comunidades autónomas, algo que no es fácil de encontrar porque el Gobierno central no hace públicos datos sobre demoras.

De esta forma, gracias al documento del Tribunal de Cuentas, puede comprobarse que Murcia es la quinta región con esperas más largas, solo por detrás de Asturias, Valencia, Andalucía y Extremadura. Con respecto a un informe anterior, de 2010, Murcia ha reducido en 96 días el tiempo de tramitación de los expedientes, mientras el conjunto de España lo ha hecho en 49.

Sin embargo, tanto esta disminución como la cifra final de 296 días de espera media requieren de alguna aclaración. Fundamentalmente, porque el dato se refiere a solicitudes que ya han sido tramitadas, aprobadas y resueltas. Eso significa que no contempla a los dependientes que, tras pedir una prestación económica al cuidador, han visto cómo sus expedientes se paralizaban durante 30 meses fruto de una medida acordada por el Gobierno central en 2012 que en Murcia está aplicando a rajatabla la Consejería de Sanidad y Política Social.

Debido a esto, al menos 3.000 personas según datos del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) llevan en la Región esperando más de 900 días a que lleguen sus ayudas. Su demora, sin embargo, no aparece en la estadística del Tribunal de Cuentas.

Falta de liquidez

El documento, que todavía está en fase de anteproyecto y por tanto abierto a modificaciones, revela que tanto el gobierno murciano como el de otras cinco regiones (Andalucía, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana y Canarias) admiten explícitamente «un retraso importante en el despacho de los expedientes» debido no tanto «a problemas de gestión y tramitación» como a «la carencia de recursos económicos suficientes para atender a la totalidad de los demandantes de las citadas prestaciones».

Murcia no sale bien parada en lo relativo a las esperas. No solo porque la demora media sea superior a la española, sino porque además el porcentaje de quienes tienen reconocido un grado protegible pero todavía no están recibiendo la ayuda llega al 39%, cifra solo superada por Canarias, donde se alcanza el 52%. Sin embargo, de nuevo aquí hay que matizar el dato. El IMAS paralizó en 2013 durante varios meses el envío de expedientes al Ministerio mientras adaptaba su sistema informático, lo que ha podido inflar el porcentaje, dado que algunos de los dependientes que figuran a la espera podrían en realidad estar ya recibiendo sus prestaciones. Según la estadística propia del IMAS, que el Colegio de Trabajo Social considera más cercana a la realidad, 11.972 personas estaban a 31 de diciembre de 2013 aguardando todavía sus ayudas. Representan al 30% de los dependientes. Son nueve puntos menos que lo marcado por el Tribunal de Cuentas, pero no es, ni de lejos, un buen resultado. De hecho, significa que Murcia es la quinta comunidad con mayor porcentaje en lista de espera, solo por detrás de Canarias, Galicia, Aragón y Valencia.

En realidad, la mayoría de estos 11.972 dependientes han solicitado prestación económica, pero nunca llegarán a recibirla. Lo admiten fuentes del IMAS, que señalan que menos de 4.000 personas de la lista de espera cumplen en realidad los requisitos para acceder a las ayudas. Esta situación se debe al endurecimiento de los criterios que el Gobierno regional aprobó el año pasado. El Colegio de Trabajo Social ha pedido insistentemente, y por ahora sin éxito, que no se apliquen las nuevas normas a quienes presentaron su solicitud antes de la entrada en vigor de la reforma.

Sorprendentes diferencias

El informe del Tribunal también aborda la financiación de la ley. Según sus conclusiones, el Gobierno central corre con el 57% de los gastos, mientras la Comunidad se hace cargo del 48% (según datos de 2012). El Ejecutivo regional ofrece sin embargo una versión completamente distinta: la Comunidad carga con el 73% frente al Gobierno central, que solo aporta el 26%. ¿A qué se debe esta llamativa diferencia? Tal y como explica la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el Tribunal ha decidido por primera vez incluir como gastos atribuibles a la Administración General del Estado recursos procedentes de la financiación autonómica. Para la asociación, se trata de «una sorprendente e imaginativa ficción contable» que tiene como objetivo exculpar al Gobierno central y cargar las tintas en las autonomías.