Los empleados de la residencia se movilizan contra su cierre

La difícil situación económica del Ayuntamiento amenaza de lleno ya a varios servicios básicos. Los empleados de la residencia municipal y centro de día han emprendido varias acciones, como una campaña de recogida de firmas para recaudar apoyos, y poder hacer presión ante las autoridades políticas para evitar que el centro se cierre a finales de año.

Los trabajadores, que se han reunido con el equipo de Gobierno y representantes de la oposición, han programado más acciones para la próxima semana, como la distribución entre la población de chapas en las que se podrá leer «sí a la residencia» y movilizaciones. También visitaron ayer el mercadillo para dar a conocer a los vecinos la problemática y sensibilizarlos sobre el papel social que cumple la residencia, así como lo que supondría su clausura. En concreto, llevan ya más de 700 firmas recogidas, que serán presentadas ante el Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad y Política Social.

Según Ángeles Marco, una de las representantes de la plantilla, «el cierre supondía que 42 personas 35 residentes y 7 personas que acuden al centro de día, además de 25 trabajadores, nos veamos afectados si se cumple la decisión más fácil, que es la de cerrar el centro».

Tanto para Marco, como para el resto de sus compañeros, «los políticos todavía no se han dado cuenta de la gran labor social y humana que desempeña esta pequeña residencia, la cual se caracteriza, debido a su tamaño y capacidad, por ofrecer servicios y cuidados más personalizados a sus pacientes».

Los trabajadores coinciden en que «los problemas de la residencia no son nuevos y que desde el Ayuntamiento se han ido buscando soluciones solo para parchearlos». Además, el personal no cobra sus salarios desde hace más de dos meses, «porque se nos ha dicho que no hay dinero».

Hasta el momento, lo único que se ha transmitido desde el Consistorio es que «existe una ley que recoge que no se pueden mantener empresas de carácter municipal que den perdidas y que piensan cumplir con lo que dice la ley». Y proponen que la Consejería se haga a cargo.

El acalde, Juan Felipe Cano, asegura que «va a hacer todo lo posible por evitar el cierre, porque soy consciente de la gran labor social que hace para el pueblo». De hecho, se ha reunido con la secretaria general de Familia e Igualdad de Oportunidades, Sandra Martínez, a la que transmitió la necesidad urgente de que «echen una mano».

Por otra parte, los trabajadores están elaborando un plan de viabilidad para ver si la residencia puede funcionar en otras condiciones.