Los jueces instan de nuevo al IMAS a desbloquear pagos de la dependencia

El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ha recibido una nueva condena de los tribunales por los retrasos en la concesión de las ayudas económicas que sufren miles de personas dependientes en la Región. En esta ocasión, el tirón de orejas proviene del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Murcia, que insta al IMAS a resolver de una vez por todas la solicitud que en abril de 2012 presentó la familia de una niña que sufre un trastorno del espectro autista.

La titular del juzgado, María Teresa Nortes, advierte además a la Comunidad de que, si se comprueba que la menor cumple con los criterios para recibir la prestación, tendrá que concederla «con efectos retroactivos a octubre de 2012», lo que significa que deberá abonar todas y cada una de las mensualidades que la familia no ha percibido en este tiempo fruto del retraso no justificado en la tramitación del expediente (la Ley de Dependencia fijó en seis meses el plazo máximo de resolución).

La Comunidad recurrirá

Pero eso será así siempre y cuando la sentencia, publicada el pasado 29 de septiembre, sea ratificada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, porque fuentes de la Consejería de Sanidad y Política Social confirmaron ayer a ‘La Verdad’ que el fallo será recurrido.

El IMAS pretende con ello evitar que este caso pueda crear un precedente. Porque aunque no se trata, ni mucho menos, de la primera condena que recibe la Administración por el retraso e incluso la paralización de expedientes, esta sentencia introduce una novedad: insta al pago de la ayuda no percibida durante los meses en que el expediente ha estado sin resolver pese a que el Gobierno central eliminó en julio de 2012, a través de un real decreto, el derecho a ese cobro retroactivo, que hasta ese momento sí había estado recogido en la ley.

La juez considera que debe producirse el pago de las mensualidades no percibidas, pese al decreto del Ministerio, porque «no existe causa que pueda justificar que, después de más de dos años desde la presentación de las solicitudes de grado de dependencia, reconocido en fecha 18 de septiembre de 2012, no exista todavía pronunciamiento alguno» respecto a la concesión o no de la prestación económica. La magistrada hace suyo el argumento recogido por el TSJ de la Comunidad Valenciana en una reciente sentencia sobre un caso similar: «Es claro que la falta de resolución en plazo determinó un daño antijurídico que el interesado no tenía la obligación de soportar, pues la tramitación diligente y temporánea era esencial para dar realidad práctica al derecho subjetivo de promoción de la autonomía persona y atención a las personas en situación de dependencia».

Antes de acudir al contencioso-administrativo, los padres de la niña interpusieron una reclamación ante la propia Administración, pero no hubo respuesta. El IMAS defendió durante la vista que el silencio administrativo debe entenderse como un rechazo de la solicitud, pero la juez no lo entiende así. «Subsiste siempre la obligación de responder expresamente por parte de la Administración», advierte en la sentencia. Por todo ello, condena al IMAS a que, en el plazo de 15 días, «dicte resolución expresa resolviendo la solicitud de prestaciones económicas, reconociendo el derecho en los términos que correspondan legalmente y con efectos retroactivos». Además, se le impone el pago de intereses y al abono de las costas del proceso.

El abogado de la familia, Daniel Frutos, valora que la sentencia reconozca el derecho al cobro de las mensualidades no percibidas por culpa del retraso del IMAS en la tramitación del expediente. Si el TSJ respalda el fallo, abrirá la puerta a centenares de reclamaciones similares, dado que el IMAS está negando el pago retroactivo acogiéndose a la ley que el Gobierno central aprobó en verano de 2012.

*Trabajo Social exige «que se cumpla la ley» *

El Colegio de Trabajo Social lamenta «que el Gobierno regional obligue a los ciudadanos a acudir a la Justicia para que les reconozcan los derechos que marca la ley». Los trabajadores sociales exigen al IMAS «que cumpla la ley con las más de 11.000 personas en situación de dependencia que están en espera, incluso desde hace cuatro años». El Colegio denuncia que «tras dos años de paralización, además del retraso que ya se acumulaba, el IMAS está resolviendo nuevas prestaciones, pero lo hace a golpe de sentencia» y a un ritmo insuficiente.

2.300 nuevos beneficiarios, según la Consejería

La Consejería de Sanidad y Política Social empezó en mayo a desbloquear las miles de solicitudes de prestación económica que llevaban más de un año paralizadas fruto de las políticas de ajuste. El IMAS calcula que cerrará 2014 con unos 2.300 nuevos beneficiarios. «Se habrá cumplido con creces con la previsión», explican fuentes de este departamento. A día de hoy, 11.182 personas siguen a la espera de sus ayudas.