Los mil obstáculos para llegar a la consulta

Gloria Mercedes, colombiana, lleva 15 años en España. La mayor parte de este tiempo lo ha pasado en Valencia, donde estuvo trabajando como cuidadora de personas mayores, con sus papeles en regla. Todo se torció cuando le detectaron un tumor en el cerebro, que afortunadamente resultó benigno y fue extirpado. Pero para entonces ya se había quedado sin empleo, y terminó por perder su permiso de residencia. «Un día fui al centro de salud y me dijeron que ya no figuraba en el sistema informático, que me habían retirado la tarjeta sanitaria», recuerda. Al poco tiempo decidió buscar mejor suerte en Murcia. Tres años lleva ya en la Región, pero sigue sin poder regularizar sus papeles y sin acceso al sistema sanitario, más allá de la atención en Urgencias.

Su caso es solo uno más de los muchos que pueden escucharse entre los inmigrantes en situación de exclusión social atendidos por las ONG de la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN). Koba es de Togo, y padece migrañas. Cuando el dolor aprieta, va a Urgencias. «Me han atendido varias veces en el hospital Reina Sofía. Allí me han revisado la medicación y me han hecho pruebas, pero no tengo un médico que me haga seguimiento y que pueda derivarme al especialista», cuenta.

Koba vive en un piso de acogida de Cáritas. Josefina Torrecillas es una de las responsables del Programa de Casas de Acogida de la ONG católica. Habitualmente, acompaña a inmigrantes sin tarjeta sanitaria a los hospitales. «En urgencias, los profesionales siempre nos tratan bien, no tenemos queja», explica. La atención urgente está garantizada en la reforma de 2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes que viven en España en situación irregular.

Esa asistencia es en principio gratuita, pero en algunos casos los inmigrantes se vuelven a casa con una factura, o la reciben días después en su domicilio. «Fui con una compatriota al Reina Sofía –cuenta un chico marroquí– y poco después nos llegó un recibo de 80 euros por el nolotil que le inyectaron». Algo similar le ocurrió en el Morales Meseguer a un paciente afectado por un eccema. Cuando ‘La Verdad’ informó del caso, el pasado mes de diciembre, el Servicio Murciano de Salud (SMS) explicó que factura «solo cuando del informe médico se desprende que no se trata de algo urgente», algo que desató las críticas de las ONG por la arbitrariedad de semejante criterio. El SMS asegura, además, que envía recibos a los países de origen aunque sepa que no va a poder cobrar. Pero la Asociación de Usuarios de la Sanidad denuncia que las facturas van a nombre del paciente, y que aunque se queden sin pagar –como suele ocurrir–, hay consecuencias. «El inmigrante figura ya como un moroso», asegura Teresa Martín, presidenta de esta organización.

La facturación no es el único obstáculo al que se enfrentan quienes acuden a Urgencias sin tarjeta sanitaria. Lo sabe bien Nohur, una inmigrante argelina de 43 años que vino a España con su hija de 19 tras separarse de su marido por malos tratos. Los últimos tres años ha trabajado sin contrato cuidando a una anciana. Nohur, que fue operada de estómago hace tiempo, acudió al Virgen de La Arrixaca por dolor abdominal y pérdida de peso. En Urgencias se le diagnosticó anemia leve, pero los médicos sospecharon que podía haber algo más. Para descartar un cáncer, le entregaron volantes para que volviese al hospital a someterse a una endoscopia y una ecografía. «Pero cuando llegó el día de la cita, le dijeron que no tenía tarjeta y que no le podían hacer las pruebas», cuenta Teresa Martín, de la Asociación de Usuarios. Nohur pidió ayuda. Regresó al hospital acompañada por voluntarios de esta organización, se le dio de alta en el sistema y se le terminó atendiendo. Afortunadamente, no tenía cáncer. En mayo de 2014, un inmigrante ucraniano pasó por una situación similar. Tras resultar herido en una reyerta, fue atendido en el Virgen de La Arrixaca. Allí, los médicos de Urgencias le derivaron al centro de salud de El Carmen con un informe en el que expresamente se indicaba que necesitaba «control ambulatorio» para las curas y el tratamiento con antibióticos. En el ambulatorio se negaron sin embargo a darle cita, y de nuevo la Asociación de Usuarios tuvo que interponer una reclamación que fue aceptada.

«La atención urgente debe continuar hasta el alta médica», recuerda Martín. Así lo fijó el propio SMS en una resolución. Pero los inmigrantes sin tarjeta sanitaria se encuentran con que mientras en unos centros interpretan en un sentido las circulares de Sanidad, en otros se traducen en la dirección contraria. Le ocurrió a Odubo, un africano que acudió a un ambulatorio con una tos que hizo al médico sospechar de una posible tuberculosis. El profesional indicó que era necesario pedir un test de mantoux, la prueba diagnóstica indicada para estos casos. Pero cuando llegó a Admisión, el inmigrante se encontró con que no le daban cita y con que, además, pretendían que firmase un compromiso de pago para la posterior facturación. La Asociación de Usuarios tuvo que reclamar ante Asistencia Sanitaria, aunque antes de que llegase la respuesta Odubo pudo hacerse la prueba gracias a la insistencia de los sanitarios, que intercedieron para sortear los obstáculos.