Los Trabajadores Sociales denuncian que más de 700 familias murcianas no recibieron en 2012 la Renta Básica de Inserción por falta de fondos.
La Consejería de Sanidad y Política Social ya reconoció al Defensor del Pueblo que las peticiones no podían ser atendidas por falta de presupuesto, a pesar de ser esta causa contraria a la Ley.
Para 2013, la Consejería de Sanidad y Política Social ha previsto 5 millones de euros, pero esa cantidad se verá comprometida casi al 50% con las 744 familias desatendidas el pasado año. El Colegio Oficial de Trabajo Social pide a la administración que cumpla con la ley vigente.
El Colegio Oficial de Trabajo Social pone de manifiesto que ante la grave situación de crisis que atraviesan las familias murcianas, la Administración Regional ignora la normativa legal dictada por ella misma, y las resoluciones del Defensor del Pueblo.
La Ley 3/2007 de Renta Básica de Inserción (RBI), que se publicó en 12/04/2007 en el BORM, obliga a garantizar a todas las familias murcianas, un último mecanismo de protección social cuando no se tiene derecho a ninguna otra prestación y se encuentra en desempleo.
La RBI permite que en nuestra Región, en pleno siglo XXI, no haya familias sin luz, agua corriente, pidiendo para comer o sin medios para la asistencia sanitaria, gastos de embarazo o parto, así como la educación de sus hijos, cuestiones todas estas recogidas en el Código Civil (art.142).
La exclusión no es sólo pobreza económica, por ello, se contemplan medidas para facilitar el acceso al empleo, y un Plan de Inclusión Social, siendo la Región de Murcia una de las últimas Comunidades Autónomas que tras casi 30 años de competencias en Servicios Sociales, no lo ha desarrollado.
El 15 de octubre de 2012, el IMAS (Instituto Murciano de Acción Social), admitía que la demanda de la Renta Básica de Inserción se había desbordado, y 744 familias murcianas que tenían derecho a la Renta Básica de Inserción, no la percibían porque se había agotado el presupuesto.
El Defensor del Pueblo recordó a la Consejería de Sanidad y Política Social el deber legal de aplicar dicha prestación, sin que esa aplicación quede expuesta a disponibilidad presupuestaria. Igualmente, le recuerda el deber de aprobar el Reglamento, tras 6 años de demora.
La ausencia de desarrollo reglamentario, así como la dificultad que supone para estas familias el inicio de un proceso judicial contra la Administración Regional, permite a la Consejería de Sanidad y Política Social ignorar el mandato legal, y por tanto, desprotege a las familias murcianas con mayores necesidades de apoyo.
Para 2013, se endurece la situación económica y social. Según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), en 2012 aumentaron en más de 9.000 las personas murcianas que llevan en paro más de 2 años, sumando en total 63.000 murcianos/as de los más de 200.000 que actualmente se encuentran en paro. Más de 180.000 hogares no cuentan con ningún miembro activo, o todos ellos están en paro.
La Consejería de Sanidad y Política Social reconoció al Defensor del Pueblo que las peticiones de abril de 2012 no podían ser atendidas por falta de presupuesto, a pesar de ser esta causa contraria a la Ley.
Para el año 2013, la Consejería de Sanidad y Política Social ha previsto 5 millones de euros, uno más que en 2012. Sin embargo, esa cantidad se verá comprometida casi al 50% con las 744 familias desatendidas en 2012, lo que supone una disminución de posibles nuevas familias atendidas en 2013.
Ante esta situación, el Colegio Oficial pide a la Consejería de Sanidad y Política Social que se comprometa a hacer efectivo el derecho de las familias murcianas, y que desarrolle la Ley, lo que permitiría el aumento de la prestación económica actual, que se rige por la ayuda existente anteriormente (300 € aprox.), y no por lo marcado en la Ley de Renta Básica (400 € mínimo por familia).
A todo lo anteriormente expuesto, se suma el actual desmantelamiento de las Políticas Sociales reflejada en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013: eliminación de ayudas a circunstancias excepcionales, reducción en un 38% la Ayudas Periódicas de Inserción y Protección Social, reducción de un 40% de las Ayudas a los cuidadores de las personas en situación de Dependencia, entre otras.
Medidas por otra parte en sintonía con las conocidas esta semana sobre las intenciones del Gobierno de España de eliminar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas en 2014, y la reducción en un 45% de la CARM para 2013. El Plan Concertado es el acuerdo de apoyo económico del Gobierno y la Comunidad Autónoma para que los Ayuntamientos presten Servicios Sociales en estos momentos de dificultad social.
REPERCUSIÓN EN PRENSA
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