Manifiesto Marea Naranja Estatal: En defensa de la Justicia Social y contra el desmantelamiento de los Servicios Sociales y del Estado del Bienestar

Que el estado social está más deteriorado que hace un año, es algo intuitivo, que todos los indicadores confirman. Y frente a esta situación, las políticas sociales, más necesarias que nunca, están en un retroceso generalizado, cuando no, en proceso de demolición.

La primera referencia política para entender la actual situación es de carácter puramente conceptual e ideológico, quizá una causa primera, estamos hablando de la filosofía ultraliberal imperante que establece que no hay alternativa. De esta derivan otras tres causas políticas más concretas que surgen, fundamentalmente como consecuencia de la primera; políticas que usan al Estado como interviniente en las relaciones de poder social y económico, en tres momentos temporales en relación con el hecho productivo de la riqueza: se trata de la política laboral y el modelo de crecimiento, que establece el campo en el que se desarrollan las relaciones de poder empresariado-trabajadoras y que se produce antes de la propia producción de la riqueza, la política fiscal, que establece la intervención del Estado en el equilibrio de la riqueza adquirida una vez producida en forma de apropiación del Estado de una parte de los ingresos para su funcionamiento, y finalmente la política social a través de la que se busca el reequilibrio de la situación social y económica a través del gasto público.

Los devastadores efectos de la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía y atención a personas en situación de Dependencia.

En relación con la Ley de Dependencia, las eufemísticamente llamadas “reformas para la mejora del sistema” y muy especialmente la modificación de la Ley que se produjo por Real Decreto-ley en julio de año 2012, no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas. Los datos oficiales indican, sin lugar a dudas, que de la paralización del sistema se está pasando a su involución.

Creemos que las deficiencias detectadas deben servir como impulso para la mejora. Nos parece indignante que el propio Ministerio sea el que desprestigia esta política social culpando a las CCAA e incluso criminalizando a las personas en situación de dependencia y a sus familias. Es perverso y cruel destrozar el Sistema para luego hacernos creer que es “insostenible” y vender así unas reformas futuras “salvadoras”. Hay más de un millón personas que dependen de apoyos para su vida y cuyos derechos se conculcan día a día. Exigimos el cumplimiento de la Ley. Entendiendo la atención a las personas en situación de dependencia como una apuesta absolutamente necesaria desde el punto de vista de los derechos sociales y del sostenimiento del Estado del Bienestar.

El profundo deterioro del Sistema de Servicios Sociales.

La continua y acusada demolición de los servicios sociales no es inocua, y tiene como consecuencia un incremento de las situaciones de pobreza y exclusión social. Así se pone de manifiesto al comparar los resultados del desarrollo del Sistema de Servicios Sociales con los indicadores que usa Naciones Unidas para medir la pobreza en países desarrollados.

El desmantelamiento del Sistema de Servicios Sociales puede sufrir en los próximos meses un golpe decisivo, con la aplicación de la Reforma de Régimen Local, que reduce las competencias locales a una mínima expresión.

Pero quizá lo más preocupante es la forma en que se están llevando a cabo estos recortes y estas reformas, ya que se ha tratado de modificar las claves conceptuales mismas del Estado Social.

La desigualdad y la precariedad en las condiciones de vida actual, provocada porel sistema financiero capitalista-neoliberal y la acumulación de la riqueza cada vez en menos manos, nos está empobreciendo a todos y todas y está sirviendo como excusa al Gobierno de España para recortar la inversión social, echando por tierra las conquistas que en materia de educación, sanidad,justicia, protección social y servicios sociales hemos ido logrando.

El Estado de Bienestar, en el estado español, se asienta sobre cuatro pilares fundamentales: Sanidad, Educación, Pensiones y Sistema Público de Servicios Sociales. Pilares que ven tambalearse sus cimientos a causa de la aprobación de medidas que reducen el gasto social, que abogan por un modelo privatizador y que son sometidos a continuos desmantelamientos. Esto da lugar a un cambio en el modelo establecido en el que se disminuye tanto la cantidad como la calidad de la atención social que recibe la ciudadanía.

Los treinta años de desarrollo de los Servicios Sociales enmarcados en la defensa de los Derechos Sociales con criterios de universalidad, igualdad, redistribución y proximidad, están sufriendo una larga trayectoria de desmantelamiento y privatización en todas sus áreas. Por ello, es imprescindible un Sistema Público de Servicios Sociales que garantice los principios de igualdad, universalidad y responsabilidad pública que infunde el actual modelo de Servicios Sociales, con garantía de derechos para todos y todas y que se aleje de prácticas asistencialistas y graciables.

Ante todo esto…

La marea naranja nos hemos constituido como un movimiento ciudadano dispuesto a responder a estas políticas injustas y crueles, vinculándonos a una política de defensa de los derechos humanos y la justicia social.

Nos comprometemos a luchar para conseguir estos objetivos:

• Visibilizar la situación de vulneración de derechos humanos y sociales en el Estado Español, incidiendo en las políticas sociales públicas.

• Denunciar el desmantelamiento del sistema público de servicios sociales, que puede sufrir en los próximos meses un golpe decisivo, con la aplicación de la Reforma de Régimen Local, que reduce las competencias locales a una mínima expresión.

• Evidenciar los devastadores efectos de la reforma de la Ley de promoción a la autonomía y la atención a las personas en situación de Dependencia, que tras las llamadas reformas para la mejora del sistema no han hecho sino recortar derechos efectivos, reducir financiación y criminalizar a las personas dependientes y familias.

• Concienciar sobre la situación de desigualdad existente en la distribución y reparto de la riqueza y la necesidad de lucha organizada.

• Facilitar y contribuir a la organización colectiva contra los recortes de derechos y libertades.

• Proponer y construir alternativas justas, con expectativas de futuro.