Marcha de Mareas

El acoso y derribo de los derechos sociales, laborales y democráticos no cesa. Quien pensara que los recortes no podían seguir, que era improbable la continuación del desastre, en poco tiempo ya tiene la respuesta: “pensionazo”, cierre y privatización de servicios sanitarios y sociales, reforma de la Administración Local, contrarreforma educativa, cuestionamiento del derecho a las prestaciones por desempleo, desmantelamiento de la dependencia…
Como si de un monstruo insaciable se tratara, el gran capital exige la total desaparición de los servicios públicos y de su carácter social, para que pasen al mercado y sólo sean fuente de inversión y negocio, nunca un derecho para el conjunto de las poblaciones. Exige que el trabajo deje de generar derechos (salarios dignos, jornadas laborales racionales, prestaciones sociales…) para convertirse en mera esclavitud que cubra los caprichos del beneficio privado. Exige que los Estados dejen de garantizar condiciones de vida dignas para la ciudadanía, pasando a ser el brazo ejecutor de sus consignas, modificando las pocas leyes que nos protegían.
En este camino de enterramiento de los derechos sociales, laborales y democráticos, nos estamos encontrando con gobiernos estatales, autonómicos y locales, que se prestan gustosos a contentar a los grandes señores del planeta, imponiendo recorte tras recorte, incluso en contra del deseo de sus propios votantes. Y algunas alternativas de gobierno, parece que se limitan simplemente a denunciar las formas, asumiendo estas políticas como inevitables, compitiendo sólo por gestionar los recortes de forma diferente.
Nos intentan convencer de que no hay otra salida, de que sólo si el gran capital tiene muchos beneficios saldremos de la crisis. Nos dicen que aumentará la competitividad y acabarán los problemas si nuestros salarios bajan mucho y si recibimos menos servicios. Quieren que olvidemos que cuanto más gane una parte de la sociedad, más perderá la otra. La realidad muestra el resultado: desde que estalló la crisis, ha crecido el número de personas millonarias mientras el número de personas con pobreza severa se ha doblado.
Así siguen y en sólo unos meses tenemos nuevas amenazas. Se permiten el lujo de insultar a las personas paradas diciendo que defraudan, con una indigna prestación de 400 euros mensuales. Pretenden cerrar instalaciones sanitarias públicas como las urgencias del Hospital del Rosell en Cartagena. Ya han cerrado el Centro Ocupacional de Espinardo (Murcia) para personas con discapacidad, y la Residencia de Personas Mayores de Fuente Cubas (Cartagena) golpeando a sectores especialmente sensibles y necesitados. Presentan una Ley de Reforma de la Administración Local que supondrá más paro en los municipios, eliminando y privatizando multitud de Servicios, como la atención domiciliaria a personas mayores y dependientes, atención a niños y niñas en riesgo de exclusión social… considerando todo ello como gastos prescindibles. Se plantea una nueva reforma de las pensiones, que va a suponer, de llevarse a cabo, la bajada constante y sucesiva de las pensiones.
Todo esto viene a sumarse a lo ya arrasado en los últimos tres años, con el paro creciendo y las prestaciones acabándose; un aumento estremecedor de la pobreza, con especial incidencia en la infancia y en las personas mayores; la juventud más preparada emigrando; estudiantes sin recursos para proseguir su formación negándoles la igualdad de oportunidades; familias desahuciadas sin vivienda y una deuda eterna; pequeñas empresas cerrando; trabajadoras y trabajadores amenazados permanentemente por el despido teniendo, como únicas ofertas laborales, trabajos en condiciones casi esclavistas; personal empleado público despedido o recortado otro año más; personas perdiendo el derechos a la sanidad o la educación; pensionistas con menos pensión; un trágico goteo de suicidios provocados por la desesperación y muchas muertes ocultas por abandono de personas con necesidades de asistencia domiciliaria…
A quienes protestamos para evitar un desahucio injusto e inhumano, por defender un barrio habitable sin vías partiéndolo por la mitad, por sentir la vergüenza que ellos no tienen cuando se habla sin tapujos de comisiones, sobres o mangoneos, para intentar impedir el cierre de un centro público, por estar en contra de despidos y pérdidas de derechos laborales o para pedir más y mejor democracia… nos denuncian con multas y amenazas de prisión, para escarmiento de las muchas personas que se están levantando contra situaciones de verdadera angustia y desesperación.
Quienes nos oponemos a esta intención de aprovechar la crisis para acabar con los derechos que nos quedan, no podemos pensar que da igual rebelarse que rendirse. No podemos aceptar como inevitable el futuro que nos quieren crear. No queremos dejar de pensar que hay alternativas.
Seguimos recordando que todas y cada una de las agresiones a los Derechos Laborales, a la Enseñanza, a la Sanidad, a los Servicios Sociales, a las Pensiones, a las personas Paradas, a las familias Desahuciadas, a las personas Dependientes… vienen de la aplicación de una misma política y deben tener una respuesta unitaria. Es por lo que hemos convocado esta nueva movilización, esta confluencia de personas y de sectores. Esta Marcha de Mareas.
Debemos hacer posible un sistema en el que los gobiernos defiendan los intereses de la ciudadanía, acabando con la situación de desamparo de sus sectores más precarizados en su vida y su trabajo. No gobiernos que una vez instalados se permitan, sin haberlo consultado, cambiar incluso la constitución. No gobiernos, como el murciano, que malgastan el dinero público en obras faraónicas, aeropuertos sin aviones o las autopistas a ningún lado, mientras niegan la mísera Renta Básica de Inserción (300 €) a dos mil familias sin ingreso alguno en la Región.
Pero esto es solo posible si la gran mayoría de la sociedad se une y organiza construyendo poder popular frente al poder de unos pocos. En lo inmediato, sabemos que es necesario conseguir la dimisión de los gobiernos que actualmente están llevando a cabo todas estas políticas. La expulsión de los gobiernos que incumplen sus programas o que están en el centro de las denuncias de corrupción.
Queremos profundizar la democracia, profundizar los derechos sociales.
Por eso seguimos exigiendo:
• Derogación de las leyes, decretos y decisiones gubernativas, aprobadas en los últimos años, que hacen cargar el peso de la crisis a los sectores populares: Reforma Laboral, Reforma de las Pensiones, Reforma Constitucional, Recortes en Educación, Sanidad, Prestaciones por Desempleo, Dependencia… Así como los nuevos proyectos que pretenden profundizar los recortes: Justicia, Educación, Pensiones, Administración Local…
• Servicios Públicos de calidad, universales y gratuitos, de gestión pública, democrática y con criterios sociales, acabando con su creciente privatización y los criterios de rentabilidad económica: Sanidad, Educación, Atención a Personas Mayores y Dependientes, Alimentación, Vivienda, Agua, Energía, Transporte… son derechos, no negocios.
• Desbloqueo de la Ley de Dependencia y recursos suficientes para la integración social y la disminución de las desigualdades entre las personas discapacitadas.
• Paralización de los desahucios y acceso efectivo al derecho a una vivienda digna y a los servicios básicos de agua y luz.
• Salario social, que permita una vida digna, para todas las personas sin ingresos o insuficientes.
• Jubilación a los 65 años con pensiones públicas suficientes.
• Aplicación de políticas efectivas de igualdad entre hombres y mujeres, que permitan repartir tanto el trabajo productivo como los cuidados, con políticas de conciliación de la vida personal y laboral.
• Supresión y devolución de ayudas a la banca y enjuiciamiento de los responsables de sus fraudes y estafas.
• Banca pública y nacionalización de empresas estratégicas, con medidas de control democrático que aseguren su función social.
• Control de las inversiones españolas en el exterior y severos castigos a las evasión de capitales. Cierre de casinos financieros y paraísos fiscales.
• Reforma fiscal para que paguen más quienes más tienen. Persecución del fraude fiscal de las grandes fortunas y bolsas de dinero “negro”.
• Auditoría de la deuda pública e impago de la parte que haya sido contraída de forma ilegítima. Prioridad del Gasto Social frente al pago de la deuda.
• Profundización democrática del sistema político y electoral, sin privilegios y con obligada rendición de cuentas. Mayor participación directa de la ciudadanía en las decisiones.
• Inhabilitación, de por vida, a cargos políticos corruptos y consideración de delito penal para la corrupción.
• Separación de los poderes públicos del Estado. Independencia y autonomía de actuación del poder judicial frente al actual control y manipulación “partidista”.
• Ampliación de los derechos democráticos, acabando con la creciente represión y con la impunidad de quienes utilizan el miedo y la violencia contra las demandas y protestas sociales.

Ya sabemos que no basta con manifestarse y pedir que se nos devuelvan y mejoren los derechos. Ya sabemos que la respuesta tiene que ser más global para conseguir, con nuestras propias fuerzas y acciones, el reconocimiento de nuestros derechos. El primer paso, debe ser darnos cuenta de que la solución la debemos encontrar colectivamente y que no será callando como empezaremos a hacerla realidad.
La ciudadanía debe tomar las riendas. No es hora de esperar que nos solucionen nuestra vida. Es hora de organizarse e iniciar la construcción de una sociedad más democrática e igualitaria, con un modelo productivo y económico sostenible, al servicio de las personas.
O cambiamos para un futuro mejor o nos dirigen a un futuro sin salida.

LOS DERECHOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN
Gobierno Dimisión