Más de 1.500 dependientes con rentas altas pierden sus ayudas
Otros 12.749 beneficiarios sufrirán un recorte de 63 euros al mes de media en sus prestaciones.
Política Social ha reducido en un año a la mitad el presupuesto que destina a las ayudas económicas de la Dependencia
LAS CLAVES DEL NUEVO ‘TIJERETAZO’
Rentas consideradas altas: Hasta ahora, la ley garantizaba que cualquier dependiente cobrase al menos el 10% de la prestación, independientemente de su nivel de renta. Ese tope desaparece con la última reforma, de forma que aquellos beneficiarios que disponen de una capacidad económica superior a 1.620 euros al mes pierden la ayuda.
Cambio en el cálculo de la capacidad económica: A partir de ahora, para aplicar el copago no solo se tiene en cuenta la pensión que cobre el dependiente. También cualquier otro ingreso y el patrimonio siempre que, una vez descontada la vivienda habitual, éste exceda los 20.000 euros.
Más copago: Como resultado de ese cambio en el cálculo de la capacidad económica, y también de la modificación de la fórmula matemática que se usa para determinar el copago, los dependientes que cobran la prestación económica ven reducida su cuantía, mientras que aquellos que ocupan plazas en centros de día tienen que aportar más.
Centros de día: Unos 1.000 dependientes con plaza en centros de día tendrán que pagar 60 euros mensuales por el servicio desde este mes.
1.568 personas dependientes ya no cobrarán este mes la ayuda económica de la Dependencia. Perderán la prestación porque, en base a la nueva fórmula utilizada para calcular la capacidad económica de los dependientes, se considera que disfrutan de una renta alta (más de 1.620 euros al mes). Esa cantidad no solo incluye su pensión; también se tiene en cuenta el patrimonio y cualquier otro ingreso.
La ley deja a estos dependientes fuera del sistema y reduce sustancialmente la ayuda al resto. Cada beneficiario perderá, de media, 62,97 euros al mes, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad y Política Social. La nueva normativa se aplica desde el 11 de julio, por lo que será en el el pago correspondiente a agosto, que se efectuará en septiembre, cuando sus efectos se dejarán notar con toda su intensidad. Solo 5.574 de los 18.323 murcianos que recibirán la prestación se librarán del recorte. Son aquellos que tienen unos ingresos inferiores a 532 euros mensuales, lo que les deja exentos del régimen de copago. Los otros 12.749 sufrirán el tijeretazo en mayor o menor medida.
Por ejemplo, una persona valorada con el máximo grado de dependencia y con una capacidad económica de 800 euros al mes pierde 102 euros de su ayuda (se le quedará en 296 euros mensuales). Mientras, otro dependiente en su misma situación pero con una renta de 600 euros, verá reducida su prestación en 54,4 euros.
Reducción progresiva
Los 62,97 euros que perderán ahora de media los dependientes es además solo el último de los recortes que sufre este colectivo. Es una nueva vuelta de tuerca que se acumula a la primera ampliación del copago que ya aplicó en julio de 2012 el Gobierno regional y a la disminución en un 15% de la cuantía de la ayuda que estableció el Gobierno central. Miles de personas dependientes han perdido en solo un año más de la mitad de lo que recibían antes.
La mitad de presupuesto
De los continuos recortes que ha sufrido la prestación económica de la Dependencia dan buena cuenta las grandes cifras del presupuesto. El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) destinó 8,8 millones de euros a este capítulo en junio del año pasado, mientras este mes de septiembre dedicará 4,3.
A este descenso no han contribuido solo los sucesivos aumentos del copago. También la paralización de las solicitudes de aquellos que pretenden acceder al sistema. Los dependientes van falleciendo sin que se incorporen otras personas en su misma situación. Es la consecuencia de los nuevos plazos que aprobó el Gobierno central el año pasado. Hasta entonces, la Administración estaba obligada a tramitar en no más de 6 meses las solicitudes de nuevas ayudas. Si sobrepasaba ese límite, tenía luego que pagar los retrasos a la persona dependiente. Sin embargo, ahora los expedientes pueden permanecer en el limbo durante 30 meses.
Pero el IMAS no solo está aplicando a conciencia ese nuevo plazo, sino que lo está sobrepasando. Como informó ‘La Verdad’, 2.451 personas llevan esperando ya más de dos años y medio sus ayudas. Política Social admite «un retraso en la incorporación al sistema de los usuarios que teniendo derecho a la prestación económica ya han superado los 30 meses de demora», y promete buscar «la forma de ampliar la dotación presupuestaria de la partida correspondiente a la prestación económica con el objetivo de normalizar, cuanto antes, la situación en la que se encuentran estas personas».
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