Más de 200.000 personas han caído en la pobreza desde que empezó la crisis

Desde que comenzó la crisis, en 2008, el número de personas en riesgo de pobreza se ha disparado un 60% en la Región. Esto significa que 200.000 murcianos de clase media han caído durante este tiempo en el pozo de la precariedad económica. En total, 568.000 personas viven a día de hoy en la Región en el umbral de la pobreza, o directamente en la exclusión. Son datos que se desprenden de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) correspondiente al año 2015, que ayer publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Murcia es, de acuerdo a este informe, la segunda región más empobrecida de toda España, solo por detrás de Andalucía. En concreto, el 31,8% de los murcianos disponen de ingresos inferiores a las cantidades que el INE establece como límite a partir del cual se puede hablar de ‘riesgo de pobreza’: 8.019 euros anuales en el caso de un hogar formado por una sola persona, o 16.822 euros en una familia de dos adultos y dos menores (estas cifras se calculan cada año a partir de la evolución de las rentas medias en España). Andalucía, donde el 35,7% de la población cuenta con ingresos inferiores a estas cantidades, se sitúa a la cabeza en los indicadores de exclusión.

Hay, eso sí, una mejora con respecto al año 2014, cuando el porcentaje de población en riesgo de pobreza llegó a superar el 37% en la Región, lo que representó el peor dato desde el comienzo de la crisis. En 2015, esa tasa se redujo en algo más de 5 puntos, hasta quedarse en el 31,8%. Pero la disminución es insuficiente para alcanzar siquiera de lejos la media nacional, de forma que Murcia sigue soportando unos niveles de pobreza diez puntos superiores a los del conjunto de España.

Por no hablar de las diferencias con las comunidades más ricas del país. En Navarra, el peligro de caer en la pobreza no alcanza a más del 9,6% de su población, mientras en el País Vasco el problema afecta al 10,9% y en Cataluña al 13,9%.

La tasa Arope

La encuesta de condiciones de vida publicada ayer ofrece multitud de datos, calculados de acuerdo a diferentes parámetros. Además del porcentaje de población en riesgo de pobreza, que es la fórmula tradicionalmente utilizada por el INE para tratar de reflejar la realidad de la exclusión social en España, el informe introduce la denominada tasa Arope, un indicador estándar de la Unión Europea que tiene en cuenta, junto a la renta, otros parámetros, como las carencias materiales o la situación de desempleo en los hogares. De acuerdo a esa tasa Arope, casi cuatro de cada diez murcianos (un 38,8%) se encuentran en riesgo de pobreza, frente a un 28,6% de media nacional. De nuevo, solo Andalucía presenta peores datos que Murcia.

Más allá de cifras globales, la encuesta entra a valorar aspectos muy concretos, con conclusiones muy preocupantes. Así, más de la mitad de las familias murcianas (el 55%) no puede permitirse salir de vacaciones fuera de casa ni siquiera una semana al año, según el informe. Son quince puntos más que la media nacional. Además, un 47% de los hogares no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Dos de cada diez familias tienen mucha dificultad para llegar a final de mes, y un 13% se retrasa en el pago de la hipoteca o el alquiler, o en el abono de las facturas de gas, luz, agua y teléfono.

Para los expertos, los resultados de la encuesta del INE son alarmantes, pero no sorprendentes. Lorenzo Gutiérrez, coordinador técnico del Colegio de Trabajo Social, recuerda que, de acuerdo al propio informe, el ingreso medio por persona en Murcia es de 7.924 euros al año, la cifra más baja de España. La media nacional se sitúa en 10.419 euros al año, y en el País Vasco se llega a 13.836. Los trabajadores sociales advierten del empeoramiento que se ha producido con la recesión económica, pero recuerdan que «las cifras con respecto al inicio de la crisis permiten observar que gran parte de la pobreza es estructural». Murcia presentaba una bolsa de población en riesgo de exclusión muy alta durante los años del ‘boom’ económico, y las vacas flacas no han venido sino a agudizar esa tendencia. Esto significa que «la salida de la crisis no va a resolver el problema, que ya era notable», advierte Lorenzo Gutiérrez.

Los trabajadores sociales lamentan que la lucha contra la pobreza se haya «olvidado» durante años, y subrayan que «contra un problema estructural, la Región de Murcia necesita una respuesta estructural». En este sentido, recuerdan que la Consejería de Familia e Igualdad aún tiene pendiente la aprobación del reglamente de renta básica.

La lectura de la Administración regional es más positiva. El director general del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Miguel Ángel Miralles, subraya que se produce una mejora en los principales indicadores «por primera vez desde que comenzó la crisis». De esta forma, Murcia ha pasado de ser la comunidad con mayor tasa de pobreza en 2014 a situarse en segundo o tercer lugar (dependiendo del indicador), tras Andalucía y Canarias. Miralles destaca, además, el incremento, hasta los 14 millones, en las ayudas de renta básica.

«Lo peor es cuando miras a tus hijos y no puedes hacer nada»

La vida de Juan y María cambió de la noche a la mañana; del bienestar que le aportaba un negocio de la construcción a «la ruina más absoluta»

Todo les cambió de la noche a la mañana, sin avisar. Juan P. era gerente de una empresa relacionada con la construcción. El negocio le iba bien y tenía una vida acomodada junto a su esposa, María C., y sus hijas. Pero en 2007 vio cómo su fábrica se fue a pique. «La crisis nos llevó a la ruina de golpe y porrazo. La gente para la que trabajaba nos dejó de pagar, y nos vimos en la obligación de cerrar», asegura. Después de estar unos dos años dando tumbos sin dirección, él y su esposa intentaron volver a trabajar en el sector, pero no lo consiguieron. «Al final me quedé haciendo algunas chapuzas para particulares. Eran trabajos mal pagados que tenía solo de vez en cuando, nada fijo. Lo cierto es que salíamos adelante con la ayuda de nuestros amigos, porque yo no ganaba ni un duro y mi mujer estaba en el paro», explica, dolido. «Dicen que la crisis ha pasado, pero es mentira. Nos están engañando como a tontos. Encontrar trabajo es muy complicado», confiesa.

Tras unos años «desesperantes», este matrimonio de Murcia decidió montar una cantina en un club deportivo con la ayuda de sus amigos. «Allí nunca nos terminó de ir bien. El mejor mes conseguíamos sacar cerca de 700 euros, y eso es poco dinero para una familia de cinco miembros», lamenta. Para colmo, el pasado verano cerraron el establecimiento porque los dueños no quisieron renovarle el alquiler. Otro duro trago para Juan y María. «Lo peor de esos momentos es mirar a tus hijos y no poder hacer nada por salvar la situación. Se pasa bastante mal, porque tú quieres trabajar y llevar dinero a casa para que viva tu familia, pero no puedes hacer nada. Hasta que uno no se encuentra en esta situación, no tiene ni idea de lo horroroso que es», se desahoga.

En estos momentos, María ha encontrado trabajo en una empresa y Juan hace «algunos trabajillos, pero no los suficientes». Salen adelante con el dinero que sacan cada mes, y sueñan con volver a la vida de antes: «Ya no tenemos la soga al cuello, pero aún hay cuentas pendientes y llegar a fin de mes se hace, en ocasiones, un infierno. Porque cuando lo has tenido todo, cuesta más trabajo recuperarte».

EDITORIAL

Un país desigual

Es insostenible que más de una quinta parte de la población española, y el 31% de la de Murcia, se mantenga en riesgo de pobreza

La Encuesta de Condiciones de Vida que el INE hizo pública ayer sobre 2015, a partir de los ingresos declarados en 2014, ofrece un panorama de clara desigualdad social que se hace más acusada en unas comunidades que en otras. Es el caso de Murcia, donde 568.000 personas –nada menos que el 31,8% de la población regional– rozan el umbral de la pobreza o han caído ya en la exclusión social. Aunque el porcentaje de la población en riesgo de pobreza disminuyera muy levemente entre las encuestas de 2014 y de 2015 (del 22,2% al 22,1%) fue en esos dos años cuando alcanzó su mayor cota, frente al 20,8% de 2012 en plena crisis. Queda la incógnita de la permeabilidad de esa bolsa de riesgo, de cuántas personas y hogares salen de la misma de un año a otro, y cuántas se precipitan hacia la zona de exclusión social. Siendo ya preocupante el dato en sí mismo, aún más grave resulta que la mayoría de esas personas y hogares permanezcan en el ostracismo económico durante años. Muchas veces en situaciones impropias para la dignidad humana en un entorno desarrollado, representado en el límite por ese 2,2% de ciudadanos sobre los que concurren la exclusión laboral, la pobreza y las dificultades de subsistencia, y que han de constituir la prioridad de la acción pública. El hecho de que el indicador de ‘carencia material severa’ disminuya del 7,1% de la población al 6,4% y que el de ‘baja intensidad en el empleo’ se reduzca del 17,1% al 15,4% no acaba de despejar el horizonte de una sociedad que aparece irremisiblemente dual en la encuesta del INE. Vuelve a confirmarse que un bajo nivel de formación incrementa los riesgos sociales, mientras que los estudios superiores permiten alejarse de ellos. Del mismo modo que la población inmigrante se ve más expuesta a la exclusión. Mientras, los mayores de 65 años parecen encontrarse estadísticamente más a salvo de la pobreza, dado que muchos de ellos son propietarios de su vivienda y pensionistas, lo que tiende a ocultar las graves dificultades que atraviesan aquellas personas de más edad que, víctimas a menudo de la invisibilidad social, se sitúan al margen de esos estándares de mínimo confort. La encuesta del INE vuelve a llamar la atención sobre un aspecto que interpela a las instituciones del Estado autonómico: el persistente desequilibrio interterritorial, como si tras más de tres décadas de descentralización administrativa y legislativa no se hubieran corregido las injusticias históricas.