Más de 7.500 dependientes leves se incorporan al sistema a partir de julio

LAS CLAVES

• Dependientes de grado 1: Son aquéllos que requieren de apoyo para varias actividades básicas de la vida diaria (cocinar, comer, beber, asearse, hacer la compra, limpiar, tomar decisiones), al menos una vez al día, o de manera intermitente.

• Servicios a los que tendrán acceso: Las personas con grado I podrán acceder al servicio de teleasistencia, a los servicios de ayuda a domicilio (máximo 20 horas mensuales), al centro de día (mínimo 15 horas semanales), o a los servicios de promoción de la autonomía personal (mínimo 15 horas al mes). No tendrán acceso a residencias, y la prestación económica al cuidador solo la recibirán en situaciones excepcionales.

• El proceso de incorporación: A partir del 1 de julio se reactivan los expedientes de los dependientes de grado 1. La normativa marca un máximo de seis meses para la concesión de las prestaciones y servicios, una vez esté presentada la solicitud de esas ayudas. Esos plazos han sido sistemáticamente incumplidos en determinadas prestaciones por parte del IMAS. En el caso de la ayuda económica, el Gobierno central reformó la norma para permitir que el plazo se alargue durante dos años.

El Gobierno central ha ido retrasando sus ayudas desde 2011; ahora se desbloquean sus expedientes, pero eso no significa que vayan a recibir de inmediato las prestaciones.

Más de 7.500 personas valoradas con un grado 1 de dependencia –los que sufren una pérdida de autonomía más leve– se incorporarán a partir del 1 de julio al sistema, una vez el Gobierno central levante la paralización impuesta a sus expedientes desde el año 2011. Eso no significa que vayan a recibir ya sus ayudas y prestaciones, sino que el proceso administrativo se reactiva, de forma que, de acuerdo a la normativa, como máximo en seis meses deberían estar beneficiándose de esos ser vicios. El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) no aclara ni el número exacto de personas afectadas por este desbloqueo de los expedientes, ni el coste que supondrá para las arcas públicas. De hecho, el PP incluyó la medida en su programa electoral –aunque en realidad viene impuesta por el Ministerio– sin especificar el gasto.

Según los últimos datos disponibles (a 1 de marzo), el IMAS ha valorado a 11.836 personas con un grado 1 de dependencia, pero de ellas 4.309 están ya incorporadas al sistema porque se corresponden con un nivel 2 dentro de ese grado 1 (la antigua división en niveles desapareció en la última reforma de la ley). El resto (7.527) son quienes ahora entrarán en el sistema. El dato, sin embargo, está sin actualizar, con lo que sufrirá variaciones.

El IMAS no explica si dispone de una previsión de los servicios y prestaciones a conceder, ni si ha realizado algún cálculo sobre su coste económico. En cualquier caso, lo previsible es que ese impacto sea limitado. De los 4.300 dependientes del segundo nivel del grado 1 ya incorporados al sistema, menos de 2.000 están recibiendo ayudas, según los últimos datos que ofreció el IMAS al respecto. Las restricciones en el acceso a las prestaciones económicas circunscriben las posibilidades de elección a un servicio (centro de día, promoción de la autonomía personal), por lo que muchos dependientes terminan renunciando. El copago se ha convertido además en un elemento disuasorio en algunos de estos servicios, como el de teleasistencia, que sufrió una caída de más del 8% en número de usuarios el año pasado tras perder su carácter gratuito.

Los más de 7.500 dependientes que se incorporan ahora al sistema recibirán en las próximas semanas una carta en la que el subdirector general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, José Ríos, informa de que ya pueden presentar su solicitud de ayudas. Ríos les recuerda que la prestación económica de cuidados en el entorno familia tendrá «un carácter excepcional» y «únicamente se podrá conceder cuando no sea posible el acceso a un servicio adecuado a las circunstancias de la persona dependiente o, en su defecto, a una prestación vinculada al servicio debido a la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados». Además, los dependientes que aspiren a esa ayuda económica –que será de 153 euros como máximo, dependiendo del porcentaje de copago– tendrán que cumplir con los requisitos aprobados en la reforma de 2013 (entre otros, que el cuidador esté empadronado en la misma vivienda que el dependiente desde un año antes de la solicitud de la ayuda).

Circular informativa

El director general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, Miguel Ángel Miralles, ha enviado una circular informando de la entrada en vigor del grado 1 de

dependencia a todos los centros de ser vicios sociales, encargados de elaborar los informes en los que se propone la ayuda considerada más adecuada a cada dependiente.

El Colegio de Trabajo Social se ha felicitado porque «el Gobierno de España no haya demorado por cuarta vez la incorporación» de los dependientes de grado 1. «Es muy importante atender las situaciones de dependencia desde el inicio para que no se agraven. Por ejemplo, que no sea necesario realizar tareas que puedan derivar en lesiones de consideración. Ello va a permitir que muchas personas puedan permanecer en su domicilio familiar con pequeños apoyos», subrayan los profesionales.

«Falta conocer la actuación del IMAS. Hay que recordar que aún hay miles de personas con derecho en espera, y esa cifra ahora se duplica con la incorporación del grado I, solicitudes para las que el plazo máximo de reconocimiento de servicio y prestación es de seis meses», advierte el Colegio. «A los poderes públicos regionales demandaremos planificación en la Administración e información a los ciudadanos. Confiamos en que el nuevo Gobierno afronte las necesidades de sus ciudadanos y se ajuste a la ley, para lo que brindamos máxima colaboración a los poderes públicos», afirma la institución.