Modificada la Ley regional de Vivienda para evitar los desahucios hipotecarios

La Asamblea Regional aprobó este jueves la modificación de la Ley de Vivienda de la Comunidad Autónoma, que introduce como principal novedad un mecanismo de mediación voluntaria entre bancos y otros grandes propietarios de bolsas de viviendas con ciudadanos que tengan dificultades para pagar sus hipotecas. El objetivo principal es evitar los desahucios.

La iniciativa salió adelante con los votos favorables de los diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos, así como con la abstención de los del PP.

La modificación de la norma está inspirada en la Ley Antidesahucios de Cataluña, suspendida de forma cautelar después de que el Gobierno la haya recurrido ante el Tribunal Constitucional. Para evitar que ocurra lo mismo, el texto ha sido suavizado durante su tramitación previa. Así, el proceso de mediación es voluntario y no obligatorio, como en la comunidad catalana. Los grandes propietarios de viviendas podrán suscribir un convenio con la Comunidad para sumarse de manera voluntaria al proceso de mediación extrajudicial con inquilinos que tengan dificultades económicas para hacer frente a las hipotecas. En los casos en que las ejecuciones estén iniciadas, se paralizará el proceso de desahucio a la espera del resultado de la mediación.

La ley también tratará de evitar que las familias sin recursos se queden sin luz, gas o agua. Las empresas suministradoras de esos servicios podrán adherirse, también de forma voluntaria, al convenio autonómico con el compromiso de avisar a los servicios sociales de una situación de impago antes de cortar la electricidad o el suministro de agua a una familia.

Reacciones de los grupos

Entre los datos aportados, de los en 2014 se iniciaron 4.353 ejecuciones hipotecarias, de las que 1.917 se corresponden a procedimientos del Tribunal Superior de Justicia, lo que supone una evolución de un 45,4 por ciento más con respecto al año anterior.

El informe de 2015 de la Red Española de la Lucha contra la Pobreza evidencia que el 44,9 por ciento de la población murciana, unas 658.601 de personas vive en situación de pobreza, “la cifra más alta de todas las comunidades autónomas, solo superada por Ceuta”, recordó la diputada de Podemos, María Giménez, que también exigió al Gobierno que desarrolle “adecuadamente” la ley para atender a los más afectados.

El socialista Joaquín López afirmó que esta reforma pretende ser un avance para solucionar “esta lacra social que son los desahucios” y buscar la mejor solución con las entidades financieras.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (C’s), Miguel Sánchez, manifestó que es una ley “necesaria” y que debería haberse aprobado “hace varios años”. Cree que a través de esta reforma su hubiesen mejorado las condiciones de vida de numerosas familias y se hubiese establecido una protección frente a la pobreza energética.

El PP fue el único partido que se abstuvo en la votación. Las razones son, tal y como explicó en el estrado Víctor Martínez el método “poco ortodoxo” con el que consideran que se ha tramitado la ley.

Los ‘populares’ recordaron que no se les aceptaron las enmiendas parciales que pensaban introducir en el texto y que presentaron un recurso de reconsideración por este motivo.

Dicen que es una ley “en la que creemos” y que apoyan las medidas para proteger a las familias de los desahucios, pero no les parece adecuado el método de tramitación, “tenemos el mismo derecho que otros grupos a presentar enmiendas de supresión o de modificación de artículos”, añadió.