«No hemos sido diligentes con el decreto de renta básica»

Leopoldo Navarro, ‘pata negra’ del PP, dirige desde hace nueve meses el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Es por ello el máximo responsable en la tramitación de las ayudas de Dependencia y de renta básica, dos asuntos cargados de polémica.

– Las ayudas de la Dependencia llegan cada vez a menos murcianos. Según los datos del IMAS, a 1 de enero había en la Región 26.721 beneficiarios, 3.000 menos que en 2012. ¿Esa caída obedece a una estrategia para hacer de la Dependencia un sistema más reducido?

– Honestamente, no obedece a ningún tipo de estrategia. Al final son cuestiones que se van planteando por parte de los propios usuarios. El sistema de la Dependencia nace en un principio como un sistema de prestación de servicios. La ayuda económica en el entorno familiar –lo que se conoce como paga de la Dependencia– se planteaba en la ley como una excepción. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay servicios en los que nos llama poderosamente la atención el importante número de bajas que se produce. No terminan de estar a tope la teleasistencia, la ayuda a domicilio y el centro de día, cuando realmente, si la Dependencia funcionara de una manera normal, esos tres servicios deberían ser los más demandados. A fecha de hoy en centros de día de personas mayores tenemos casi 150 plazas vacías, un 15% de las ofertadas. Eso nos ha hecho reflexionar y analizar qué es lo que no funcionaba. En centros de día creemos que tenemos que mejorar el sistema de copago, porque entendemos que este servicio puede ser uno de los recursos mejores para el dependiente.

– ¿Está hablando de una rebaja en el copago de los centros de día?

– Bueno, hablamos de una mejor gestión, no necesariamente de una rebaja. Tú ahora tienes un copago sobre el coste de la plaza de centro de día, pero si te quedas a comer tienes que pagarlo aparte, cuando en la residencia pagas por todo completo. Estamos viendo la manera, y haciendo los cálculos, para efectivamente incluir todo en el servicio, lo cual mejorará el copago. ¿Va a ser menor o mayor? No lo sé, todavía no hemos llegado a esa fase, lo que sí sabemos es que va a funcionar mejor el sistema.

– Se ha referido también a la teleasistencia, donde de hecho se ha producido un descenso del 7,6% en el número de beneficiarios en el último año. ¿Esa caída no está influida por el copago que se impuso en su día?

– Supongo que sí. No tengo la menor duda de que efectivamente puede darse esa situación, que hay gente que piensa que la teleasistencia debe ser gratuita. Nosotros entendemos que no, que el beneficiario tiene que participar en una parte. A mí me gusta huir de la demagogia. Es fácil hablar de pensionistas pero, ¿de qué pensionistas? Le voy a poner tres ejemplos que conozco de primera persona: mi suegra que vive con nosotros, mi padre y una tía mía cuya tutela la tiene mi padre porque es una persona con gran discapacidad. Mi suegra es viuda y tiene una pensión que no llega a los 600 euros. Mi padre es militar profesional, empezó a cotizar con 17 años y cobra el máximo de pensión: le quedan líquidos entre 2.200 y 2.300 euros, más que a la mayoría de la gente que trabaja y tiene un salario. Y mi tía, que es huérfana de un médico, supera entre unas cosas y otras los 3.000 euros. Cuando hablamos de pensionistas, ¿de cuáles estamos hablando?

– Los pensionistas con ingresos de 3.000 euros al mes representan una cantidad ínfima en la Región.

– Lo que quiero decir es que tenemos que poner las cosas en su justa medida. La gente tiene que aportar, sobre todo en un momento en que es necesario y a todos se nos pide un esfuerzo. Se le pide a quienes están en activo, a los jóvenes, que son los que más disponibilidad deberían tener para empezar su vida profesional, y sin embargo no tienen ninguna ventaja fiscal. Todos debemos contribuir. ¿Se puede mejorar el copago? Seguro, pero el gratis total no funciona, eso es evidente. Porque al final de lo que se trata es de que a nadie se le niega el servicio que necesita, y en función de su renta tiene que contribuir al mantenimiento del sistema. Podemos engañarnos, podemos decir que aquí todo es gratis para todo el mundo pero, ¿de dónde sacamos para mantener el sistema? El copago era necesario, y fíjese que le he dicho que vamos revisar algunos copagos, como ya hemos hecho con otros. El año pasado pusimos en marcha la bonificación para los huérfanos, y también hemos dispuesto una bonificación para los discapacitados que están trabajando.

– Pero el copago no solo afecta a los pensionistas con ingresos de 3.000 o 2.000 euros. También a personas con pensiones de 600 euros.

– Pero en ese caso hablamos de un copago mínimo. De manera continua estamos viendo de qué manera podemos mejorar la atención al dependiente, pero por otro lado tratamos de hacer sostenible la Dependencia, porque de nada nos serviría tener un sistema que a corto o medio plazo quebrara.

– Estamos hablando del copago, pero a ello se unen las tasas que hay que abonar para presentar una solicitud, el recorte en la cuantía de las prestaciones económicas y el hecho de que los dependientes saben que si piden una ayuda se enfrentan a una demora muy considerable. De alguna manera, ¿la Administración no está disuadiendo a los ciudadanos, no les está invitando a que desistan y no pidan la Dependencia?

– Yo lo que creo es que en un principio se crearon unas expectativas que a mí me sorprendieron. ¿Es necesario el sistema? Claro que lo es. Hay que recordar que la Ley de Dependencia nació con el voto favorable del PP, cosa que a veces se obvia, o se dice lo contrario. Ya entonces lo advertimos: el sistema nace cojo, sin memoria económica, sin financiación propia. Además, todo el mundo pensó que la Dependencia era una paga adicional a la pensión o a la discapacidad, cuando no era eso. De lo que se trata es de prestar a cada dependiente el servicio que necesite, y si no hay posibilidad de ofrecerle ese servicio, entonces se le da una prestación económica para que pueda contar con esa ayuda en su domicilio. Pero era algo excepcional. Al final eso ha derivado, por la crisis, a que haya mucha gente que tiene que vivir de lo que entra en la casa de la persona mayor. No lo estoy criticando, es un hecho objetivo. La gente decía: ‘Me voy a cuidar del abuelo, que le hace falta, y además completo la pensión’. Es un drama que hemos vivido en los últimos siete años y que ahora entre todos tenemos la responsabilidad de solucionar, más allá de querer hacer política o demagogia. La ayuda en el entorno familiar debería ser absolutamente residual, y se ha legislado para volver a ese sistema. Cuando algo se hace mal al principio, cuesta mucho volver atrás porque la gente lo ve como una pérdida de sus derechos, pero es que no es eso. El estado del bienestar lo que debe garantizar es el acceso a los servicios.

– Hay quien piensa que ustedes, en lugar de asumir el coste político de eliminar la prestación económica, se han dedicado a poner trabas en las ruedas para que los dependientes no la cobren. Hay familias que han estado tres años a la espera, sin recibir la ayuda.

– Hay gente que ha estado tres años sin cobrar la prestación porque no ha presentado los requisitos o porque no ha acreditado el cumplimiento de esos requisitos. Por ejemplo, ahora hemos hecho un plan específico para pagar a los herederos de quienes habían fallecido. Créame que ha costado mucho trabajo, porque la gente no cumplía los requisitos.

– ¿Está diciendo en serio que el atasco que se ha producido en el IMAS, con miles de expedientes paralizados durante años, es culpa de la gente porque no presentaba los requisitos?

– O no los cumplían…

– ¿Que no los cumplían? Hay sentencias judiciales que dicen lo contrario.

– No, no, hay sentencias judiciales que nos están diciendo –unas las estamos recurriendo y otras no–, que como el expediente no está resuelto en plazo, hay que aplicar la ayuda sin valorar siquiera. Si lo dice una sentencia lo acatamos y cumplimos; no quiere decir que estemos de acuerdo. Estamos trabajando, incorporando cada vez a más gente (a las ayudas).

– Pero hay sentencias relativas a dependientes que presentaron todos sus requisitos en 2011, en 2012… Y que esperaron durante años sin llegar a cobrar.

– No se habían resuelto (sus expedientes), y por tanto…

– ¿Y si no se habían resuelto, a quién es achacable esa demora?, ¿al ciudadano?

– O a la administración, no lo sé.

– ¿Cómo que no lo sabe?

– Aquí hay distintos estamentos que intervienen. Desde que el dependiente presenta la solicitud y hasta que se le presta la ayuda, hay un camino que unas veces es muy largo y otras muy corto. ¿Por qué? Porque la vía de entrada es la administración local: el asistente social de zona es el que tramita el expediente. A buena parte de esos expedientes, cuando llegan aquí, les falta algún requisito, o nosotros entendemos que la prestación que se propone no es la adecuada por las razones que sean. Y por en medio ha habido tres modificaciones de la ley que han cambiado los requisitos de acceso a la Dependencia, con afán de mejorar el sistema. ¿Hay un atasco? Sí, evidentemente, pero lo estamos desbloqueando. ¿De quién ha sido la culpa? Pues sinceramente no lo sé, yo llevo aquí [en la dirección del IMAS] no llega a un año. Lo que sí puedo decir es que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para sacar adelante los expedientes de toda esa gente que está esperando la prestación. Las comunidades hereditarias [los herederos de dependientes fallecidos sin cobrar las prestaciones] es un tema que nos preocupaba, y de los más de 2.300 expedientes que íbamos a sacar, y para los que habíamos hecho una dotación presupuestaria, hemos podido resolver 1.900. Hay otros casi 400 en los que falta algún documento: la constitución de la comunidad hereditaria, el IBAN… ¿De quién es la culpa de que hayan cambiado el IBAN?

– Los datos que acaba de ofrecer son bastante evidentes. Había más de 1.900 familias que cumplían todos los requisitos y no estaban cobrando por culpa de la Administración.

– Bueno, estamos hablando de un 20%, un porcentaje importante, que no cumplía los requisitos o se ha encontrado con requisitos sobrevenidos: por ejemplo, una comunidad hereditaria que ha tenido que volver a constituirse porque quien figuraba como titular falleció en el transcurso de la tramitación. Vamos a ver, en un contexto de contención del gasto, eso ha afectado a la resolución de los expedientes. Decir que no sería negar la evidencia, querríamos tapar el sol con un dedo. Claro que ha afectado, pero eso no quiere decir que haya una voluntad de interrumpir [los expedientes], ni muchísimo menos.

– Ya sabe que hay mucha gente que piensa lo contrario, entre ellos el juez de lo Contencioso Administrativo número 8 de Murcia, que en una sentencia ha dicho que se ha producido un «retraso culpable por parte de la Administración». Poco menos que argumenta que el IMAS ha dejado que los expedientes languideciesen a sabiendas de que muchos de esos dependientes iban a fallecer sin recibir las ayudas.

– Esa es la opinión de un juez. Si el juez pensaba que había un retraso culpable lo que tendría que haber hecho es, en ejercicio de sus funciones, instar a que se denunciara a la Administración. No lo ha hecho, ¿por qué? Yo no voy a valorar lo que opino de que un juez plantee y vierta en un auto sus valoraciones personales, no jurídicas. Las opiniones personales de un juez son igual de válidas que las de un periodista o las de un gestor.

– Hablemos de la Ley de Renta Básica. La Defensora del Pueblo ha solicitado ya dos veces al Gobierno regional que aclare cómo va la tramitación del decreto que debe hacer posible la aplicación de lo previsto en esa ley, aprobada en 2007. ¿Para cuándo va a estar lista esa norma?

– No lo sé. Hubo un primer borrador que con las circunstancias tuvo que cambiarse. Estamos trabajando en un nuevo decreto que tendrá en cuenta toda una serie de cuestiones que han cambiado desde que se aprobó la Ley de Renta Básica. Es verdad que no hemos sido diligentes, lo ha dicho la Defensora del Pueblo y no lo voy a negar. Pero estamos trabajando en ello. ¿Hemos dejado desprotegidas [a las personas sin recursos]? Si desproteger es pasar de 600.000 euros a 8.750.000 en la partida destinada a renta básica en los últimos años, si desproteger es que en los presupuestos de 2015 haya dos millones de euros más para estas ayudas que el año pasado, y otros dos millones adicionales en programas de inserción y empleabilidad que van al mismo colectivo… ¿Hay que mejorar y contemplar el régimen de incompatibilidades? Sí. Hay todo un abanico de prestaciones sociales que no existían en el alumbramiento de la ley, y estamos tratando de elaborar un decreto que impida que una persona pueda tener un montón de prestaciones diferentes y otra no tenga derecho a ninguna. Estamos buscando un engranaje global para las prestaciones sociales que dan las entidades, las ayudas para libros, las de comedor, las ayudas de primera necesidad que vía presupuesto de la Comunidad van a parar a las familias desde los ayuntamientos… Es nuestra responsabilidad tratar de construir, aprovechando el reglamento de la Renta Básica, todo un sistema de atención social.

– Pero el problema es que con esta tarea se ha empezado un poco tarde, porque se supone que ese reglamento debería estar aprobado desde hace siete años.

– Sí, ha empezado tarde. También es verdad que la coyuntura de hace siete años no es la de ahora. Jamás en la historia de este país se había visto una crisis tan profunda en tan poco tiempo, jamás había cambiado tanto el perfil del demandante de renta básica. Hace siete años, el usuario era un colectivo muy determinado, casi marginal, por decirlo de alguna manera aunque no me guste esa palabra. Hoy, una buena parte de los demandantes son personas que se han visto en una situación en la que jamás hubieran pensado que iban a encontrarse.

– El incremento en los presupuestos al que hacía referencia es indudable, pero el subsidio base de renta básica, de 300 euros, es el más bajo de España. Al no aprobar el reglamento, el IMAS se está ahorrando 100 euros por beneficiario, porque las cantidades no se actualizan.

– O no, depende de cómo salga el reglamento.

– ¿Quiere decir que van a endurecer ese reglamento?

– No, quiero decir que depende de cómo salga el reglamento. Me dice que se está ahorrando cien euros por beneficiario. O no. No lo sé, cuando veamos con qué es compatible la renta básica y con qué no, a lo mejor vemos que la ayuda no es de 400 euros sino de 500, o de 300. Lo que más nos preocupa es que se configure ese sistema de compatibilidades.

– ¿Se está retrasando nuevamente la aprobación del reglamento para endurecer los requisitos de acceso a la renta básica?

– En absoluto, no estoy diciendo eso. ¿Evitar el aumento del gasto es poner dos millones más, un 26% más que el año pasado, en los presupuestos? Creo que no es ése el espíritu de lo que estamos haciendo. Es verdad que hemos llegado tarde, y asumo mi parte. Yo he llegado tarde, pero esta consejera (Catalina Lorenzo) y este director gerente llevan 9 meses. Estamos trabajando, y nos hemos encontrado con buena parte de ese trabajo ya hecho, y muy bien hecho.