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MURCIA

Presidencia y el Colegio de Abogados de Murcia garantizan el acceso a la asistencia jurídica gratuita a las personas privadas de libertad

jueves 16 de mayo de 2013 Fuente: CARM

Se pretende atender y orientar gratuitamente las consultas que, en materia jurídica, puedan plantear los reclusos internos en el Centro Penitenciario de Murcia-Sangonera.

El consejero de Presidencia, Manuel Campos, y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, firmaron hoy un convenio de colaboración para garantizar la asistencia jurídica gratuita a las personas privadas de libertad mediante la prestación y desarrollo de un servicio de Orientación Jurídico Penitenciario para este año 2013.

Este servicio “tiene un papel decisivo en el desarrollo de la vida penitenciaria”, por medio del cual “se reconoce, respeta y garantiza el derecho fundamental que tienen las personas para acceder a una asistencia jurídica gratuita”, recogido en el artículo 119 de la Constitución española, afirmó el titular de la Consejería de Presidencia.

El objetivo de este acuerdo es que “ninguna persona deje de recurrir al amparo de la Justicia” y, por ello, indicó, el servicio de Orientación Jurídico Penitenciario proporciona una orientación legal e información actualizada de la situación procesal, penal y penitenciaria, sin que ello suponga la intervención profesional en la dirección o defensa del interno en algún procedimiento o expediente.

Para el consejero, en un sistema penitenciario que tiene como objetivo la reinserción social “es imprescindible contar con un equipo de profesionales cualificados e implicados en garantizar el adecuado ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos, así como promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales”.

Servicio de Orientación Jurídico Penitenciario

El servicio, compuesto por un grupo de cinco letrados, atenderá personalmente y resolverá las consultas que, en materia jurídica, puedan plantear los reclusos internos en el Centro Penitenciario de Murcia-Sangonera. La asistencia jurídica se prestará mediante el desplazamiento de los abogados al centro penitenciario un día por semana y en horario de tarde.

El Colegio de Abogados confeccionará una lista de letrados, quienes previamente se habrán adscrito de forma voluntaria a este servicio y la Junta de Gobierno del Colegio considere en idóneas condiciones para prestarlo. Este servicio se financiará con una cuantía de 20.000 euros.

La información y asesoramiento de las personas privadas de libertad en las cuestiones de derecho penitenciario o relacionadas con el cumplimiento de la pena representan también una oportunidad para apoyar la formación de los estudiantes universitarios.

En este sentido, los alumnos de todas las Escuelas de Práctica Jurídica de la Región y, en especial, los alumnos del Máster de Criminología Aplicada a la Ejecución de las Penas de la Facultad de Criminología de la Universidad de Murcia, tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos y desarrollar habilidades prácticas en materia de derecho penitenciario.

Los estudiantes acompañarán a los letrados a las visitas penitenciarias, lo que contribuirá a completar y mejorar la formación jurídica profesional de los futuros abogados, velando al mismo tiempo por una mayor garantía y mejor ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Censo de población penitenciaria

El consejero de Presidencia informó que, a día de hoy, el censo total de población penitenciaria en la Región asciende a 1.852 reclusos distribuidos entre los centros penitenciarios Murcia I y Murcia II, emplazados en Sangonera y Campos del Río, respectivamente, y el Centro de Inserción Social ‘Guillermo Miranda’, localizado en Murcia, según datos facilitados por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Murcia.

Campos concretó que el establecimiento penitenciario de Sangonera Murcia I tiene ingresados a un total de 513, entre presos preventivos y penados, y el de Campos del Río Murcia II tiene un censo de 978, mientras que el Centro de Inserción Social ‘Guillermo Miranda’ tiene a 361 internos, que cumplen fundamentalmente el tercer grado, el segundo o tercer grado al amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y los distintos supuestos de libertad condicional. Del total de la población penitenciaria en la Región de Murcia, el 94,33 por ciento son hombres y el resto, el 5,67 por ciento, son mujeres.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Murcia registró el año pasado un total de 7.487 asuntos, superando así en un 190 por ciento la ratio de trabajo efectivo por magistrado, establecida por el Consejo General del Poder Judicial. Este juzgado cuenta con un magistrado, un secretario y siete funcionarios.

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