Querella del PSOE contra Valcárcel y Garre por no regular la Renta Básica en siete años

El PSOE sostiene que no ha quedado otra opción que acudir a los tribunales. El secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar; la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, y el viceportavoz, Joaquín López Pagán, presentaron este viernes una querella ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, en la que acusan de un supuesto delito de prevaricación pasiva al presidente del Gobierno regional, Alberto Garre, y a su antecesor en el cargo, Ramón Luis Valcárcel. La razón que esgrimen es que no han cumplido, a lo largo de siete años, el mandado legal que les obligaba a desarrollar un reglamento sobre la Renta Básica de Inserción. Esta circunstancia estaría impidiendo, según los argumentos del PSOE, que numerosas familias murcianas que se encuentran en un estado de gran necesidad estén percibiendo esa ayuda económica.

La Ley de Renta Básica se aprobó en 2007 y no se ha desarrollado en su totalidad por la falta de un reglamento. Entre otras cosas, la ley establecía un máximo de dos meses en la tramitación de las ayudas, pero la falta de presupuesto provoca que las solicitudes queden bloqueadas incluso durante más de un año. Según un informe del Ministerio de Sanidad, 2.775 peticiones estaban todavía en proceso de resolución a finales de 2013 en la Región.

El PSOE considera que ya ha agotado todas las opciones políticas, pues pese a sus iniciativas parlamentarias no ha logrado que la Comunidad Autónoma desarrolle ese reglamento, de ahí que se haya decidido por la opción penal. Los dirigentes socialistas recuerdan que incluso hay dos resoluciones incumplidas en ese sentido del Defensor del Pueblo.

Esta Renta Básica de Inserción, una ayuda destinada a familias sin recursos, llegó el año pasado a 4,66 personas por cada 1.000 habitantes en la Región. Es un dato muy inferior a la media nacional, situada en 13,5 beneficiarios por 1.000 habitantes, y sitúa a Murcia a la cola de España. Solo Castilla-La Mancha (2,73) y Extremadura (2,89) ofrecieron una menor cobertura de este subsidio. Los datos están recogidos en un informe del Ministerio de Sanidad que se hizo público el mes pasado.

El estudio refleja un fuerte incremento, del 50%, en la partida presupuestaria que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) destinó a renta básica el año pasado. Es, de hecho, la segunda mayor subida de España, solo por detrás de la Comunidad Valenciana. Ese aumento permitió llegar a 6.858 beneficiarios, un 20,68% más que el ejercicio anterior. Pero el desarrollo previo era tan escaso en la Región que esas mejoras no han logrado sacarla del furgón de cola.

Murcia no solo ofrece resultados muy alejados de la media en cobertura; también en las cantidades que reciben las familias sin recursos a las que va destinado el subsidio. Así, la ayuda base (300 euros) es la más baja de España, algo que las ONG, el Colegio de Trabajo Social y los partidos de la oposición llevan denunciando desde hace años. La cifra de la Región está muy por debajo de los 418,58 euros que, de media, cobran las personas en riesgo de exclusión en España. La ayuda base de Murcia apenas supone el 46% del salario mínimo interprofesional y el 56,3% del IPREM, el indicador que se utiliza para calcular la cantidad mínima que necesita una persona para hacer frente a las necesidades básicas de la vida.

El dato positivo es que la ayuda máxima, la que cobran aquellos beneficiarios que tienen a siete personas o más a su cargo en la unidad familiar, sí supera la media nacional: se sitúa en 682 euros, frente a los 667,62 del conjunto del país. En todo caso, son muy pocas las familias murcianas que se encuadran en esta situación.

El Gobierno regional lamenta que el PSOE «judicialice la política»

El portavoz del Ejecutivo considera que los socialistas «han perdido argumentos políticos por el exhibicionismo» y asegura que el prespuesto de la Renta Básica se ha multiplicado por diez desde su entrada en vigor.

El portavoz del Gobierno regional, José Gabriel Ruiz, afirmó que la querella socialista “está fuera la lógica”, lamentando, en este sentido, que el PSOE “judicialice la política”; en su opinión, “es haber perdido los argumentos políticos y llevarlo al exhibicionismo mediático”.

Ruiz contestaba así tras conocerse que el PSOE ha presentado este viernes una querella para “forzar al Gobierno regional al cumplimiento de la Renta Básica de Inserción”, y “en defensa de las personas sin ingresos ni patrimonio”.

El consejero, que aseguró que el Consejo de Gobierno no ha podido tratar la querella porque no eran entonces conocedores de la misma, ha considerado que llevar una querella frente a un Gobierno por el no desarrollo de una norma “es haber perdido todo argumento político” cuando esa ley “se está aplicando y pagando”.

“El Gobierno regional está haciendo todos los esfuerzos dentro de las dificultades en el ámbito presupuestario para atender estas personas que tanto lo necesitan porque es una cuestión de justicia social”, apostilló Ruiz, tras destacar la labor del IMAS.

En el año 2007, la Comunidad destinaba 600.000 euros a atender a las personas que más lo necesitaban, pasando en 2014 de tres a siete millones, “siendo la segunda comunidad española que más ha incrementado las ayudas que se destinan a la Renta Básica de Inserción” y en 2015 están previstos nueve millones, resaltó.

Con lo que, resaltó, “desde la entrada en vigor de la Renta Básica de Inserción los presupuestos de la Comunidad se han multiplicado por diez, reconociéndose el derecho a todas las personas, que conforme a esa ley, pueden acceder a la Renta”.

Así, señaló el portavoz regional, “se va pagando conforme a las disponibilidades presupuestarias con un crédito ampliable cada vez mayor” porque “es obligación y compromiso del presidente Alberto Garre atender a las personas que peor lo están pasando”.

El Ejecutivo murciano “está haciendo todo lo posible para atender a todas estas personas y hacerlo de manera inmediata”, zanjó el consejero del ramo, “por tanto no existe ninguna cuestión de incumplimiento de los derechos que la legislación autonómica y nacional atribuye a las personas que lo necesitan”.

Asimismo, concluyó, “es voluntad del Gobierno desarrollar esta ley y mejorar, aún más, los derechos de los destinatarios de la Renta Básica de Inserción y se está trabajando en ello, en desarrollar con contenido presupuestario, sacando un reglamento que mejore estos derechos”.