Reunión con los diputados del Grupo Parlamentario Popular
Inmaculada González y José Soria, diputada y diputado del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea Regional, han participado en una reunión para conocer las propuestas de trabajo social con la presidenta del Colegio, Judit García, la vicepresidenta, Mariola Cabanes y el coordinador, Lorenzo Gutiérrez.
La reunión celebrada pretende ser la primera de una serie de reuniones periódicas que aborden las demandas y propuestas que se formulan por parte del trabajo social en la Región de Murcia, así como facilitando la colaboración del colegio para informar sobre todas las cuestiones que se requieran.
Durante la reunión se abordaron cuestiones fundamentales como el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), donde se trasladó el malestar durante la pasada legislatura ante la inacción del Gobierno y la necesidad de formular un diagnóstico de la situación y una planificación de actuaciones que atiendan las necesidades de beneficiarios y de las miles de personas que permanecen en espera.
Se comparte el diagnóstico en cuanto a la multitud de normativas y modificaciones normativas que ha sufrido el sistema. Desde el colegio se ha propuesto formular una Ley regional que aporte seguridad jurídica y garantías al ciudadano, cambiando el sentido del silencio administrativo de negativo a positivo, y que sea completada con un solo decreto que refunda toda la normativa regional actual.
Igualmente, se comprometieron a valorar la situación en cuanto al contacto entre profesionales de trabajo social de entidades o de la Administración Local, con profesionales de trabajo social de la Administración Regional, de manera que se pueda restablecer un sistema de contacto directo en aquellos casos en los que actualmente se filtra por medio del servicio de atención al ciudadano 012.
El Grupo Parlamentario Popular se interesó especialmente por conocer nuestras prioridades, determinando cuestiones como la elaboración de una estrategia y planificación real en base a un diagnóstico de necesidades, el abordaje de una nueva ley de servicios sociales que fije la cartera de servicios y los derechos de la ciudadanía, así como unas ratios suficientes de profesionales en los diferentes servicios, o adoptar políticas preventivas, entre otras.
Otra demanda planteada fue la relativa a las cláusulas sociales en los contratos públicos, recogiendo criterios puntuables para aquellas entidades o empresas que incorporen. Se trata de una cuestión de consenso de todos los grupos políticos de la Asamblea Regional que consideramos que sería una buena medida contra la exclusión social, favoreciendo a personas con discapacidad, beneficiarios de renta básica de inserción, víctimas de violencia de género, entre otros.
Se consultó al colegio qué cuestiones se consideran que se podrían mejorar en la lucha contra la violencia de género, indicando que consideramos que en la mayoría de casos, las denuncias vienen de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de las propias víctimas, que las medidas se enfocan hacia la denuncia por parte de la víctima, en este sentido se propone ampliar la información e incidencia en el entorno de la víctima: dónde informarse sobre qué hacer y qué consecuencias tienen sus acciones, si tiene conocimiento de una mujer víctima de la violencia de género, o la prevención, especialmente entre los más jóvenes.
Éstos, juntos a consultas sobre la situación laboral y de oportunidades en la búsqueda de empleo, la cuestión de los refugiados o la valoración sobre la creación de una consejería exclusiva de Política Social (Familia e Igualdad de Oportunidades), fueron algunos de los asuntos principales tratados, aunque se llegó a abordar buena parte del documento Propuestas de Trabajo Social / 2015: Construyendo la sociedad del bienestar
En conclusión, celebramos la disposición del Grupo Parlamentario Popular a conocer las propuestas de los/as profesionales de trabajo social, quedando emplazados a concertar reuniones de manera periódica para abordar las necesidades y las propuestas de solución que garanticen unas condiciones de trabajo adecuadas a los/as profesionales y promuevan el bienestar social de la ciudadanía.
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