Trabajo Social reclama más coordinación a la Consejería y al Ayto. de Murcia en la atención a las personas vulnerables y el refuerzo de los Servicios Sociales

A raíz del cruce de mensajes entre el Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, por el retraso en las becas de comedor, el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia solicita a ambas Administraciones una adecuada coordinación para atender las necesidades de las personas más vulnerables, con mayor motivo, en la actual emergencia.

Para el Colegio, destaca que no se haya conocido el retraso de becas de comedor en el municipio de Murcia por la propia Administración, sino a través de la nota de prensa de los grupos de la oposición, solicitando una mayor información y transparencia a las Administraciones Públicas, y que se informe de las necesidades, dificultades y planes de actuación.

En relación al retraso de Renta Básica de Inserción y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según recoge la prensa, la Consejería señala al Ayuntamiento de Murcia y, concretamente, a la falta de Informe Social por parte de profesionales de Trabajo Social del Ayuntamiento de Murcia.

Desde el Colegio, recordamos la demanda histórica, especialmente ante esta emergencia, de contar con una adecuada ratio de habitantes por profesional, con un máximo de 3.000 habitantes por Unidad de Trabajo Social (UTS).

Los últimos datos publicados por la Consejería en su memoria de 2018, indican que la ratio por UTS es de 8.221 habitantes por profesional en la Región de Murcia y de 10.783 en el Ayuntamiento de Murcia. Es preciso tener en cuenta que en dicho año se atendió a más del 6% de la población de la Región.

Aunque se ha anunciado un refuerzo de profesionales de Trabajo Social con cargo a los fondos comprometidos por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, falta información directa sobre la incorporación efectiva en estos momentos y la suficiencia de la ratio resultante, así como la aportación a realizar por la Consejería y por el Ayuntamiento.

Además, es preciso recordar las dificultades añadidas ante la inactividad de la Administración Regional, especialmente en el ámbito de la Autonomía y Dependencia, donde a 31 de marzo hay 5.728 personas con derecho reconocido en dependencia y sin ser atendidas, incumpliendo el plazo máximo legal de 6 meses desde la solicitud, y otras 7.345 personas esperando para ser valoradas, que durante años no aparecían en las estadísticas, sin que se hayan concretado aún las medidas para corregir dicha situación.

“Desde el Colegio, instamos a ambas Administraciones a liderar y coordinar una respuesta adecuada de los Servicios Sociales a las necesidades de la ciudadanía, con transparencia y con el necesario refuerzo de las plantillas de profesionales de Trabajo Social.

Profesionales de Trabajo Social a quienes queremos agradecer, desde el Colegio, su esfuerzo y compromiso con las personas más vulnerables, a pesar de la precariedad de las plantillas y los retrasos en las resoluciones de las Administraciones competentes, gracias y ánimo”.