Tras un año sin acudir a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, la ministra Ana Mato compareció ayer para explicar las principales medidas de su Departamento en los últimos meses

En el transcurso de su intervención anunció un nuevo sistema de copago según renta para su aprobación por el Consejo Interterritorial el próximo mes de marzo. “Se van a aprobar dos nuevos tramos en el copago de medicamentos para que no paguen los mismos porcentajes los ciudadanos con rentas de entre 18.000 y 100.000 euros anuales como hasta ahora”, tal como expuso

Mato reconoció, en este sentido, que “es mucha diferencia”, tras la reforma sanitaria que impulsó el pasado mes de abril establecía que los ciudadanos de rentas entre 18.000 y 100.000 euros anuales debía pagar un 50 por ciento del precio de sus medicamentos. Por ello, aseguró la ministra, “se va revisar este tramo para establecer otros dos nuevos con el objetivo de intentar ser más justos”.

Igualmente, avanzó que entre los meses de abril y mayo se adoptarán nuevas medidas para una nueva rebaja del precio de los medicamentos genéricos, que, como recordó, “ya son el 33 por ciento más baratos para los ciudadanos”.

En su intervención Mato hizo balance de su primer año al frente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, destacando que el Sistema Nacional de Salud ha conseguido ahorrar 3.063 millones, es decir, un 42 por ciento sobre los 7.267 millones de euros que se han previsto.

Segun subrayó la ministra, “hemos reformado el SNS para hacerlo más sostenible, equitativo y de calidad, manteniendo en todo momento su carácter público y universal”. “Hemos reforzado -continúo-su gestión y lo hemos orientado a las necesidades del paciente”. Mato sustentó su intervención en las principales medidas adoptadas y plasmadas en el Real Decreto-Ley 16/2012 del que, aseguró, “ha cumplido el propósito para el que fue elaborado: garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”.

En cuanto al aseguramiento, la ministra recalcó que se ha ampliado la universalidad y por primera vez se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, “incluyendo no sólo a los parados de larga duración, sino también a grupos de profesionales tradicionalmente excluidos. Mato recordó, en este sentido, que “gracias al cruce de datos de las casi 45 millones de tarjetas sanitarias individuales, se ha constatado que había 800.000 titulares que constaban como beneficiarios cuando debían ser asegurados. De ellos, 200.000 eran beneficiarios de un pensionista”.

En alusión a las medidas de gestión que están adoptando Comunidades Autónomas, la ministra expresó su respeto a sus decisiones “siempre que no se invadan las competencias que son exclusivas del Estado y no supongan una discriminación para los ciudadanos por vivir en una u otra Comunidad”.

Mato también se refirió, entre otros aspectos, al turismo sanitario, que había supuesto un desembolso de 1.000 millones al año. En cuanto a los inmigrantes en situación irregular ha asegurado que “la cobertura es ahora mucho más amplia”.

La titular de Sanidad hizo alusión, asimismo, a la Sanidad electrónica, recordando que los españoles ya poseen una tarjeta sanitaria interoperable en todo el territorio español, que se ampliará a la historia clínica digital y a la receta electrónica. Mato se ha referido, en este aspecto, a la inclusión de la interoperabilidad de las tarjetas sanitarias, a nivel europeo, en la Directiva Europea de Derechos de los Pacientes.

Con respecto a la ordenación profesional, la ministra aseguró que se está dando respuesta a las demandas históricas de los profesionales sanitarios. Se refirió al reciente acuerdo marco firmado con el Foro de la Profesión Médica que incluye, como explicó, “un área de colaboración en RR.HH. y que abarca el estudio y la definición de los criterios y garantías para el desarrollo profesional y laboral de los médicos”. También incorpora prosiguió la definición de las estrategias para la implantación de la Gestión Clínica en los servicios de salud, como un elemento clave para la sostenibilidad del SNS.

En el transcurso de su intervención, Mato reiteró la necesidad de un Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales, “lo ofrecí desde el primer día de mi mandato al frente de este Ministerio, con el fin de tender puentes y aunar posturas tanto por parte de las organizaciones sociales y profesionales como de las CC.AA. y de los grupos políticos”. “Es neceario más que nunca insistió un gran Acuerdo Nacional que, a similitud del Pacto de Toledo dote con una protección excepcional la viabilidad y sostenibilidad de los servicios básicos del Bienestar”.

Se adjunta documento íntegro con la intervención de Ana Mato

Críticas de la oposición

Los grupos políticos de la oposición criticaron la gestión del primer año de Mato al frente del Ministerio de Sanidad, al considerar que el deterioro del sistema sanitario ha ido en aumento, incluso algunos de los representantes de grupos políticos como PSOE e Izquierda Plural llegaron a pedir la dimisión de la actual ministra, por considerar, como en el caso del socialista Martínez Olmos “que va a acabar con la joya de la corona de los españoles”, en relación a la Sanidad pública

Martínez Olmos consideró que las decisiones que ha adoptado en los meses que Mato lleva al frente del departamento perjudican la salud de los españoles, poniendo como ejemplo el derecho universal a la atención sanitaria o el copago sanitario. Al respecto, Olmos anunció que el Grupo Socialista presentará una iniciativa en el Congreso que exigirá la evaluación de las consecuencias de la aplicación del R.D. 16/2012.

Manuel Cervera, del PP, criticó, por su parte, que antes de la llegada de Mato, el Sistema Nacional de Salud estuvo “perdido y desorientado” y el Ministerio no ejerció su liderazgo, funcionó sin planificación, ni herramientas. “Se les ha olvidado hablar de los grandes hitos de gestión que ha logrado Mato. El PSOE no ha reconocido los errores cometidos anteriormente. Nadie ha tenido que pagar ninguna factura pero conocer lo que cuesta cada país sanitario es lo que hacen países europeos”, indicó.

La diputada de CiU Conxita Tarruella criticó también la falta de diálogo de Mato a la hora de poner en marcha sus políticas. A su juicio, “las cosas se han hecho por decreto y sin posibilidad de colaborar”, lo que hace que “se enteran de todo por la prensa” y no porque sean informados por el ministerio.

Instó a que los pacientes con enfermedades raras tengan un tope en el copago de medicamentos “bajo y, como máximo, similar al de los pensionistas”, y que se introduzcan más tramos según renta de los ya creados. “No es justo que pague lo mismo el que cobra 18.000 euros que el que cobra 99.999 euros”, señaló.

Para el portavoz del Grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, que calificó este período como “el año negro de la Sanidad española”, considera que el ahorro a corto plazo está provocando, a largo plazo un empeoramiento de la salud de los ciudadanos. Asimismo, recalcó que “en estos momentos, y ante la transformación que se le ha dado al SNS y al desmantelamiento del sistema público, se está muy lejos de alcanzar un pacto por la Sanidad”, aseguró.

En línea con el anterior diputado, la portavoz de UPyD Rosa Díez recordó a Mato que “el ahorro no es siempre sinónimo de mejor eficiencia” y, como muestra de los “demoledores” efectos de la reforma sanitaria, ha citado el incremento de las quejas sobre Sanidad registradas por el Defensor del Pueblo, que se han triplicado en el último año.

Díez considera que, tras este primer año “no se ha universalizado la sanidad, no ha frenado el deterioro de los servicios sanitarios y las listas de espera continúan aumentando”. Finalmente, invitó a la ministra a un acto de autocrítica y le instó a rectificar.

Isabel Sánchez, del PNV, solicitó la recuperación del principio de sanidad universal de estos últimos 30 años, así como el respeto al régimen competencial y al ordenamiento jurídico, al mismo tiempo que criticó que las CC.AA. tengan que asumir determinados costes como los de la dependencia.

Mientras, Joan Baldoví, por parte del Grupo Mixto, que también pidió la dimisión de la ministra, criticó haber dejado a los inmigrantes sin tarjeta sanitaria, “poniendo en peligro su salud y la de todos” y por haber puesto en marcha el copago, reprochando la negativa al mismo durante la campaña electoral del PP. Defendió la Sanidad pública y pidió una revisión urgente del modelo de financiación.

Intervención de la Ministra

Gracias Señor Presidente

Señorías,

Comparezco en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, a petición propia para informar a las señoras y Señores Diputados del balance que hace el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de este primer año de Legislatura, y de las numerosas medidas de reforma que hemos puesto en marcha a lo largo de 2012 así como para responder a las comparecencias solicitadas por los grupos.

1) comenzaré exponiendo todos los asuntos relativos al área de Sanidad y de Consumo.

2) Luego me centraré en los temas que afectan a los Servicios Sociales e Igualdad.

3) Antes quisiera hacer unas consideraciones de carácter general:

2012 ha sido, sin duda, uno de los años más difíciles de nuestra historia reciente.

El paro, la pobreza y las desigualdades han hecho mella como nunca en una sociedad preocupada legítimamente por la situación que vivimos.

Este Gobierno asumió el poder justo cuando España se aproximaba peligrosamente al precipicio de la quiebra, y la necesidad del rescate.

Por si fuera poco, las condiciones de déficit público que pensábamos heredar resultaron ser falsas. 30.000 millones de euros, señorías, ocultos entre la mala gestión y el descontrol, que resultaron ser letales para el comienzo de la nueva etapa de gobierno. 30.000 millones de euros que nos obligaron a cambiar de manera temporal lo necesario por lo urgente, y poder garantizar con ello, la pervivencia de nuestro Estado del Bienestar.

Hemos tenido que tomar decisiones muy duras y muy difíciles, en medio de un contexto económico internacional adverso, y con una Oposición más preocupada por destruir que por aportar.

Pero lo hemos hecho, como siempre ha hecho este partido, con rigor, seriedad, y sentido de la responsabilidad.

Nuestra meta, como no puede ser de otra manera, es sacar a España de la crisis y volver a la senda del la recuperación.

Todas nuestras acciones se encuadran en el Marco del Programa Nacional de Reformas, que recoge la estrategia del Gobierno para lograr la recuperación económica y social de nuestro país.
Lo que se puede resumir en crecimiento, empleo y bienestar.

La crisis, y desde luego, también hay que decirlo, la mala gestión, han ocasionado que nuestro Estado del Bienestar se haya visto sometido a profundas tensiones.

Las reformas emprendidas han respondido no sólo a problemas coyunturales sino a necesidades estructurales demasiado tiempo postergadas.

Creo que el reciente debate del Estado de la Nación abre la segunda etapa de esta legislatura.

Todos los medios de comunicación han coincidido: el Gobierno y el Presidente del Gobierno han salido fortalecidos y con ello una segunda generación de reformas que seguirán caracterizando al gobierno popular.

Desde el principio hemos decidido hacerlo con voluntad de diálogo y ánimo para el consenso. Hablando con todos los agentes políticos, sociales e institucionales implicados.

Sobre la mesa está un Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales, que ofrecí desde el primer día de mi mandato al frente de este Ministerio, y que busca tender puentes y aunar posturas tanto por parte de las organizaciones sociales y profesionales, como de las Comunidades Autónomas y de los grupos políticos.

Éste ha sido, en gran medida, el marco de referencia para las grandes reformas que se han llevado a cabo en el último año.

Hoy es más necesario que nunca un Gran Acuerdo Nacional, que a similitud de lo ocurrido con el Pacto de Toledo, dote con una protección excepcional la viabilidad y sostenibilidad de los servicios básicos del Bienestar.

La oposición debe perder el miedo a los grandes pactos de Estado porque son los que demanda la sociedad y, a través de los cuales, todos los ciudadanos tendrán garantizados el acceso en igualdad de condiciones, a una sanidad y unos servicios sociales de calidad y con las mismas prestaciones en todo el país, independientemente de donde vivan.

En mi primera comparecencia en esta Comisión marqué una hoja de ruta del Pacto que hemos ido cumpliendo milimétricamente.

En el ámbito de la Sanidad, hemos configurado un modelo sanitario centrado en el ciudadano, caracterizado por una gestión eficiente e integrada, con todas sus capacidades orientadas a prevenir y resolver problemas de salud.

En los 5 Consejos Interterritoriales del Sistema Nacional de salud celebrados hemos adoptado los siguientes acuerdos:

SANIDAD

Presidente,
Quiero recordar la situación en la que se encontraba el Sistema Nacional de Salud cuando llegamos al Gobierno.

Nos enfrentamos a una deuda de 16.000 millones de euros que estaba poniendo en riesgo el abastecimiento de hospitales, farmacias y centro de salud.

A eso había que sumarle una serie de ineficiencias detectadas en todo el Sistema, que trataré de resumir brevemente.

La total inexistencia de normas claras sobre el derecho a la asistencia sanitaria y los procedimientos para hacerlo efectivo. Algo que estaba generando tensiones y dificultades.

En España en los últimos años se excluía a miles de españoles, como los parados que habían agotado la prestación, mientras el simple empadronamiento garantizaba la tarjeta sanitaria a los extranjeros, sin tener en cuenta su situación o si tenían cubierta la asistencia en sus países de origen o por seguros. Simplemente una terrible injusticia.

Esto no ocurría en ningún país del mundo, sucedía en España porque no se había llevado a cabo la trasposición de la normativa europea a la legislación española.

Un error o una omisión interesada que ocasionó importantes disfunciones dentro del sistema, permitiendo circunstancias como el turismo sanitario, que según el Tribunal de Cuentas costaba a los contribuyentes cerca de 1.000 millones de euros al año.

También se había producido una desigual evolución de las prestaciones sanitarias en función de la Comunidad Autónoma, con lo que se estaba poniendo en serio riesgo la equidad, la calidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Los datos del Barómetro sanitario de 2011 reflejaron que el lugar de residencia era percibido por una parte de los ciudadanos como una falta de equidad: un 31,6% manifestó su convicción de que no se prestaban los mismos servicios en las distintas CC AA.

La insostenibilidad del gasto sanitario público estaba conduciendo a la inviabilidad económica de nuestro modelo.

Nuestra deuda sanitaria aumentó un 173% solo entre 2009 y 2011 y el periodo medio de pago superó los 500 días.

Algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía superaban los 700 días de retraso en los pagos. Es decir, más de 2 años sin pagar las facturas a los proveedores.

También es necesario recordar la situación en la que se encontraban los profesionales sanitarios, desmotivados por la incertidumbre en su desarrollo profesional.

Del mismo modo, al realizar un análisis exhaustivo se detectó un uso nada racional de los medicamentos.

Nuestro gasto farmacéutico estaba 5 puntos por encima del gasto farmacéutico de países como Alemania o Francia.

Hemos pedido esfuerzos a los ciudadanos, pero también y, sobre todo, a la industria farmacéutica porque sabíamos que existía un amplio margen de ahorro cuando 3.700 toneladas de medicamentos acaban en el punto SIGRE.

Y por último destacar la importante pérdida de adaptación que había sufrido nuestro sistema respecto a las nuevas realidades sociosanitarias.

Ante una sociedad más envejecida, y con patologías preeminentemente crónicas, seguíamos teniendo un modelo de atención sanitaria pensado para enfermedades agudas.

En resumen era necesario intervenir y además hacerlo de manera urgente.

Primero para reducir la deuda acumulada de 16.000 millones de euros y pagar las facturas atrasadas a los proveedores cuyo tiempo medio era de 525 días en Farmacia y 473 en tecnologías sanitaria.

Y segundo, para poner en marcha las reformas estructurales que el Sistema necesitaba.

Solo de esta forma era posible cumplir a su vez con los objetivos del déficit público y de racionalización del gasto a los que nos habíamos comprometidos como país.

Así se destinaron 17.704 millones al pago de las deudas de las CCAA y 9.597 millones de euros a las Entidades Locales: el 73 por ciento del total se utilizó para facturas pendientes de la sanidad pública.

Esto supuso, sin duda, la recuperación de la confianza por parte de las entidades sociales y de las empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas, en las Administraciones, se salvaron miles de puestos de trabajo.

Para reforzar esta tarea, posteriormente pusimos en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico, y lo hemos ampliado en 2013 con 23 mil millones de euros y con una prioridad: el pago de los servicios básicos que prestan las CCAA, el primero la sanidad.

Este Plan y el Fondo de Liquidez Autonómico han permitido saldar las deudas, incluida la que mantenían algunas CCAA con las oficinas de farmacia.

El tiempo medio de pago a Farmaindustria era en diciembre de 2012 de 261 días, la mitad que en diciembre de 2011 (525 en 31/12/2011)

El tiempo medio de pago a FENIN era de 274 en noviembre de 2012, frente a 473 en diciembre de 2011.
A lo largo de este año, y siempre pensando en el Pacto por la Sanidad, he trabajando intensamente con las CCAA de manera bilateral y sobre todo a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como he comentado al inicio.

Queremos contar con todos los actores del Sistema Nacional de Salud.

Este reto, señorías, no es de unos ni de otros; no es de izquierdas ni de derechas. Este reto es de todos y para todos los españoles.

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, ha cumplido con el propósito para el que fue elaborado.

Garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Gracias a esta reforma hemos podido proteger el modelo sanitario español, basado en garantía pública, universal y gratuita de la salud a todos los ciudadanos respetando el marco competencial de las Comunidades Autónomas.

Esta reforma ha ordenado los criterios de acceso a la sanidad estableciendo un único procedimiento, común para todos los ciudadanos.

Estamos ya en línea con la definición de aseguramiento en el marco de Unión Europea. Y la sanidad es hoy más universal que nunca.

Por primera vez, desde el 1 de enero de 2012 los parados que hubiesen agotado la prestación o el subsidio por desempleo tienen cobertura sanitaria

Y también por primera vez se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la protección de su salud, incluyendo a grupos tradicionalmente excluidos como los profesionales colegiados (abogados, ingenieros y arquitectos).

Sí señorías, con el Real Decreto ley 16/2012 la universalidad es un hecho para todos los españoles.

Gracias al cruce de datos de las casi 45 millones de tarjetas sanitarias individuales hemos podido comprobar como 800.000 titulares constaban como beneficiarios de otra persona cuando en realidad estaban dados de alta en la Seguridad Social.

De ellos, casi 200.000 personas accedían a la sanidad como beneficiarios de un pensionista pese a ser activos.

Estos datos reflejan, por si solos, lo necesaria que era la reforma para ordenar y regular la condición de acceso:

Pero además, señorías, frente a lo que ocurría hasta ahora, hoy los ciudadanos que vienen a España están en igualdad de condiciones ante la Sanidad que los españoles cuando viajan al extranjero.

Con una salvedad, la atención de urgencia a extranjeros en situación irregular es mucho más generosa que en cualquier de los países de nuestro entorno.

Señorías, por más que quisiéramos, no podemos pagar la sanidad a todos los ciudadanos que vienen a España, sin poner en riesgo las cuentas de nuestro país.

La regulación es clara y equivalente entre españoles y ciudadanos extranjeros en situación legal. Y además se ofrecen otras posibilidades a quienes no dispongan de residencia.

No se han producido por tanto esos terribles augurios que todos los días anunciaba la Oposición, y que a fuer de repetirlos, pareciese que los estaba deseando.

Con las medidas previstas en el Real Decreto Ley 16/2012 España, se sitúa a la cabeza en el contexto europeo por cuanto cubre con fondos públicos todas las contingencias de salud pública, porque no se ha modificado la ley 33/2011.

Eso incluye la asistencia sanitaria de todas las personas en situación de urgencias hasta el alta médica, de los menores de 18 años y de las mujeres durante y después del embarazo.

Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, la atención a las enfermedades infecciosas, incluido el VIH- SIDA.

Señoras y Señores Diputados,

Saben que sobre este asunto hubo una controversia con el País Vasco y que fue recurrido ante el Constitucional.

En el Auto de 12 de diciembre de 2012, el Tribunal no entra en el fondo del recurso al Decreto, por lo que no debemos caer en la tentación de pronunciarnos al respecto.

En relación con la aportación farmacéutica, el Tribunal Constitucional si ha decidido mantener la suspensión de la vigencia del artículo 8.1 del Decreto Vasco, que deduce el porcentaje de contribución al pago de medicamentos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud en esa Comunidad Autónoma y amplía los sujetos beneficiarios de la exención del copago.

Miren señorías, con los datos en la mano.

El ahorro total en gasto farmacéutico en 2012 comparado con 2011 fue de un 12’26% en la media nacional. En el País Vasco fue solo del 8’11%.

Pero le digo más, mientras que en el conjunto del Estado el número de recetas expedidas descendía un 6’12, en la Comunidad Autónoma del País Vasco lo hacía solo un 3’15%.

Los datos hablan por si solos señorías.

La igualdad de todos los españoles ante la sanidad es una prioridad para el Gobierno.

Por eso trabajamos para en todo el territorio exista una única Cartera Servicios, una única tarjeta sanitaria y un calendario único básico, que ya está aprobado.

En estos momentos estamos trabajando con las CCAA en revisar y unificar criterios respecto a algunas vacunas como meningococo, varicela y papilomavirus.

Para lograrlo va a contribuir muy favorablemente el Acuerdo Marco de vacunas de calendario, porque ha descendido de manera muy importante el precio de las vacunas.

Un caso concreto, el precio de una de las vacunas se ha fijado en torno a 31 euros cuando había CCAA que lo pagaban a 70.

Quiero destacar y agradecer la colaboración mantenida con las Sociedades Científicas.

En el último Consejo Interterritorial se analizó la rigurosa evaluación de las técnicas y prestaciones utilizando criterios de calidad y seguridad de los pacientes y criterios de actualización de la cartera de servicios asistenciales.

Además de la prestación farmacéutica, la cartera común suplementaria incluye la prestación ortoprotésica, la dietoterápica y el transporte sanitario no urgente.

Para todas ellas se han establecido excepciones en la aportación, por primera vez, para los parados de larga duración sin prestación.

También estarán exentos los mismos grupos que en farmacia: pensiones no contributivas, rentas de inserción, afectados por el síndrome tóxico y personas con discapacidad beneficiarias de la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad.

El transporte urgente se mantiene exento de aportación, así como los traslados entre centros.

Para el no urgente, se establece un precio único por trayecto (50 euros) que evita discriminaciones a pacientes de zonas alejadas de los centros sanitarios o rurales.

Como norma general, tendrán aportación reducida, por lo que el usuario aportará el 10% (5 euros).

En el caso de tratamientos periódicos superiores a seis meses, como es el caso de enfermos oncológicos o que requieran hemodiálisis, somos conscientes de tienen unas características especiales.

Por eso, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas se establece que como máximo paguen 6 euros anuales para rentas inferiores a 18.000 euros; 12 euros para quienes ganen entre 18.000 y 100.000 y 60 euros para rentas superiores.

Estamos hablando de pagos mensuales de entre 0,50 céntimos y 1 euro en la mayoría de los casos.

En Ortoprótesis tendrán aportación reducida los productos recogidos en el anexo del Real Decreto 1506/2012 que son los más necesarios y costosos.

Por primera vez se dispondrá de catálogo único de prestación ortorprotésica con un precio máximo de financiación para todo el territorio nacional y la posibilidad de acceder a productos de otras características que antes no era posible.

Con ello se solucionan las desigualdades que podían producirse por intermediaciones y se protege al paciente sobre todo a aquellos que más lo necesitan como las personas con movilidad reducida que ahora acceden a las últimas innovaciones.

En Dietoterápicos, de una aportación desigual entre CCAA, se contempla ahora una aportación en función de la renta al igual que en todas las prestaciones de la cartera suplementaria.

También hemos efectuado una auténtica política de control del gasto farmacéutico.

Con las medidas dirigidas a la revisión de precios, el gobierno ha reforzado los mecanismos de contención del gasto.

Junto con la actualización de precios menores, el RDL 16/2012 ha implantado por primera vez una nueva medida dirigida de dispensación del medicamento con el precio más bajo, mecanismo que se actualiza mensualmente.

Hemos conseguido que cerca de 1.000 presentaciones hayan modificado su precio a la baja y hemos alcanzado un 34,4% de prescripción de genéricos.

Además hemos establecido un nuevo sistema de aportación en la prestación farmacéutica más equitativo y solidario en el que aporta más el que más tiene, a la vez que salvaguarda a los que menos tienen.

Las personas con discapacidad, los que tienen menores ingresos-pensiones no contributivas- y por primera vez los parados de larga duración, quedan exentos de pagar las medicinas.

En los últimos datos correspondientes a enero de 2013 el gasto farmacéutico a través de receta ha vuelto a proporcionar un ahorro de 118 millones de euros, lo que representa un ahorro interanual de 1.408 millones de ahorro respecto al mismo período del año anterior, y 1.225 millones de euros desde la entrada en vigor del RD-ley.

El número de recetas facturadas también vuelve registrar una reducción de 10 millones de recetas menos que el mismo mes del año anterior.

Acumulando, de este modo, un ahorro de casi 70 millones de recetas en el mismo período del pasado año y de 80,6 millones de euros desde julio de 2012

Señorías, respecto de la Ordenación Profesional, estamos dando respuesta a las demandas históricas de los profesionales sanitarios. Con el registro de Profesionales y sobre todo reconociendo su labor y el respeto que merecen.

El acuerdo marco que hemos firmado con el Foro de la profesión Médica incluye un área de colaboración en Recursos Humanos, que incluye el estudio y la definición de los criterios y garantías para el desarrollo profesional y laboral de los médicos.

También incorpora la definición de las estrategias para la implantación de la Gestión Clínica en los servicios de salud, como un elemento clave para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Y a estos acuerdos sin duda aportarán las conclusiones del futuro libro blanco que acordamos en el Consejo Interterritorial del pasado mes de agosto y las aportaciones del Consejo Asesor.

También hemos priorizado la eficiencia y la e-salud. La Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones ya es una realidad.

Y junto con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, se ocuparán de la permanente introducción de innovaciones en tecnologías y medicamentos, el fomento de la medicina personalizada y la aplicación de un sistema público de investigación biomédica en el marco del Plan de Investigación Científica y Técnica.

No se trata por tanto de tener muchos miles de medicamentos en el vademécum desde hace décadas, sino de tener los mejores medicamentos y los más seguros.

Por eso señorías, cuando desfinanciamos medicamentos para síntomas menores, de bajo precio y en desuso, lo que estamos haciendo es permitir la financiación y entrada en el sistema de otros nuevos, más innovadores de mayor coste e imprescindibles para dolencias más graves.

Hemos podido introducir fármacos para prevenir el ictus asociado a fibrilación auricular, para tratamiento del angioedema hereditario o para tratar la hepatitis C que en algunos casos en el mercado pueden superar los 1000€.

Por otro lado, la Plataforma de Compras centralizadas ya ha entrado en funcionamiento para adquirir de forma conjunta los primeros productos sanitarios y medicamentos, logrando unos ahorros valorados en 80 millones de euros.

Sólo con la compra centralizada de vacunas se han obtenido 37 millones de euros de ahorro.

Además, los españoles ya poseen una Tarjeta Sanitaria que es Interoperable para todo el territorio español, y en breve estarán disponibles la Historia Clínica Digital y Receta Electrónica también en todo el territorio.

La información clínica interoperable que actualmente tienen 16,3 millones de personas en 11 Comunidades Autónomas es sin duda un gran paso para la puesta en marcha de la telemedicina.

A este respecto quiero decirles que durante una reunión con el Comisario de Sanidad y Consumo, el Sr. Borg en Estrasburgo, le trasladé la posibilidad de que la interoperabilidad de las tarjetas sanitarias sea un tema elevado a nivel comunitario, y hemos acordado incluirlo en la trasposición de la Directiva Europea de Derechos de los Pacientes (Directiva 2011/24/UE)

En 6 meses desde la entrada en vigor de la reforma, con las medidas de aplicación directa, el Sistema Nacional de Salud ha logrado ahorrar un 42% de los 7.267 millones de euros previstos. Es decir, 3.063 millones de ahorro.

No cabe duda de que es necesario seguir trabajando, para adaptarlo a las necesidades actuales, para que el paciente, eje principal del sistema, acceda a la innovación de manera inmediata.

Y es evidente que vamos en la buena dirección.

No quiero dejar aquí ninguna duda al respecto. Todas las decisiones que toma este Ministerio respecto a la salud de las personas, las toma en base a criterios científicos, médicos, de eficiencia, y de calidad.

Señorías, sobre las medidas que toman las Comunidades Autónomas, tengo que decirles que yo respeto todas las decisiones, y reconozco el esfuerzo que están llevando a cabo para cumplir con los objetivos de déficit público.

Lógicamente, siempre que no se invadan las competencias que son exclusivas del Estado y no supongan una discriminación para los ciudadanos por vivir en una u otra Comunidad.

En cualquier caso hay dos cuestiones muy claras.

Lo primero, que cualquier ciudadano que crea lesionados sus derechos, puede acudir a la Justicia.

Y lo segundo, que cuando consideramos que se está discriminando a los ciudadanos o se están vulnerando competencias, acudimos a los Tribunales.
Es lo que hemos hecho con el euro por receta. Primero en Cataluña y después en Madrid.

En relación con las subastas de medicamentos de la Junta de Andalucía sobre las que ya hemos tenido ocasión de debatir en otros plenos, decirles que el Consejo de Ministros ha decidido presentar un recurso ante el Constitucional.

Y quiero precisar a Sus Señorías que hubiésemos recurrido igualmente, se tratase del Gobierno que se tratase:

Primero, porque contraviene la Constitución y normativa legal vigente, invadiendo competencias del Estado y quebrando la necesaria solidaridad entre regiones.

Segundo, porque que reduce la oferta de las prestaciones para Andalucía respecto de las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Y tercero, porque contraviene los principios de equidad e igualdad en el acceso a las prestaciones y en las aportaciones de los usuarios al Sistema.

Sobre la Colaboración del sector público con el sector privado, los miembros de esta comisión podrán recordar como la administración estatal y autonómica contrata con el sector privado desde hace décadas.

También en el sector sanitario y también cuando gobierna la izquierda. De hecho alguna comunidad Autónoma gobernada por el Partido Socialista es líder en sanidad privada.

Por eso señorías, creo que lo verdaderamente esencial en este asunto es que nos dejemos cuanto antes de demagogias, y nos centremos en lo que realmente importa.
Que los ciudadanos tengan acceso a una sanidad pública, universal gratuita y de calidad, independientemente de donde viva y de quien preste el servicio.

Y desde luego que el Ministerio velará por que así sea.

Quiero abordar ahora una cuestión de actualidad como es el presunto fraude de la carne de caballo.

El primer caso se detectó en Irlanda el pasado mes de enero. Si bien en un momento inicial se implicó a España, posteriormente quedó totalmente descartada cualquier relación con empresas españolas.

Desde el primer momento estamos coordinados con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y con el Sistema de Alerta Rápida para alimentos y piensos (RASFF) de la Comisión.

El COREPER ha aclarado el pasado 14 de febrero que no se trata de un problema de salud pública y pide no alarmar a la población, al tiempo que ha solicitado la colaboración de los Estados miembros a través de los cauces establecidos (RASFF).

También se reunió la Comisión Interministerial informal donde se realizó una propuesta de recomendación para un programa de seguimiento intensivo, presentada por el Comisario Borg.

Esta propuesta se votó el pasado día 15 de febrero, en una sesión especifica de la sección de Seguridad Biológica del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y conlleva la realización de un programa intensivo de seguimiento de una duración de 30 días en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo.

Pero lo más importante que debo señalar señorías, y es lo que tiene que quedar claro a la sociedad, es que hasta ahora, este problema se circunscribe única y exclusivamente a un problema de fraude y no de seguridad alimentaria.

Un fraude del cual, lo que hay que hacer es encontrar a los responsables, perseguirlos y condenarlos. Y no duden que si hubiese alguna novedad reseñable al respecto, se la comunicaría inmediatamente.

CONSUMO

Señor Presidente, Señorías,

La defensa de los consumidores ha sido una de las prioridades de este Ministerio, por eso desde un principio se han puesto en marcha varios proyectos:

Uno de estos proyectos ha sido la mejora en el sistema arbitral de consumo, que si bien es un ejemplo, no en vano somos pioneros en Europa, dónde ahora se está trabajando en la aprobación de una Directiva de resolución alternativa de litigios y de un Reglamento para la resolución alternativa de litigios online.

Para ello se está trabajando en un Real Decreto de Arbitraje, que mejorará la gestión del sistema, que será más ágil, acortará plazos y disminuirá costes,

También estamos trabajando para dar cumplimiento al mandato legal del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias que establece la aprobación de Reglamento del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Para recoger las distintas sensibilidades se formará una mesa de trabajo en la que participarán técnicos del INC y miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios. El Texto refundido es del año 2007 y es ahora cuando se va a desarrollar este mandato.

El apoyo que el Gobierno, desde el INC, hace a las asociaciones de los consumidores queda claramente ilustrado por este y los siguiente ejemplos

El pasado 7 de junio se reunió el grupo de trabajo de asociacionismo en el que participan todas las CCAA con el fin de coordinar medidas de actuación, poniendo especial énfasis en cómo gestionar las ayudas que vía subvención les llegan desde distintas administraciones.

Se trata de evitar las duplicidades para una mejor gestión del dinero público. Este grupo de trabajo no se había vuelto a reunir desde el 6 de abril de 2005.

El Gobierno, frente a los muchos ajustes que se está viendo obligado a hacer, ha hecho el gran esfuerzo de mantener las ayudas que, a través del INC, perciben las asociaciones de consumidores y usuarios, algo muy significativo.

Sobre todo si se tiene en cuenta que muchas CCAA han eliminado dichas ayudas a las asociaciones de su ámbito territorial. En concreto este año se han concedido 2.700.000€ para dichos fines. De estas ayudas se han beneficiado 10 asociaciones inscritas en el REACU.

Sobre la asociación de consumidores FACUA ya tuve ocasión de informar en el Pleno a la Sra Grande, pero volveré a expresarlo ante esta Comisión.

No ha existido nunca intención alguna de ilegalizar ninguna asociación de defensa de los consumidores. Nunca.

Primero, porque basta conocer la legislación para saber que este tipo de decisiones, en Democracia, corresponde tomarlas a la Justicia, no al Gobierno.

Y en segundo lugar, porque la defensa de los consumidores es una de las grandes prioridades de este ministerio, y en esa labor apreciamos y reconocemos el trabajo de todas las asociaciones.

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados, acabado el primer bloque de mi intervención dedicado a la Sanidad y el Consumo, quiero abordar ahora los asuntos relacionados con los Servicios Sociales y la Igualdad.

Señorías, si hay algo que preocupa especialmente a este Gobierno, y a esta Ministra, son las situaciones de pobreza y exclusión social.

La crisis nos ha hecho más pobres a los españoles. El aumento indiscriminado del paro ha disparado el número de familias que tienen dificultades para llegar a final de mes, y ha expuesto a millones de personas a situaciones de necesidad.

Soy plenamente consciente del drama que esto supone.

Pero también les digo que tengo todo el compromiso político y personal para seguir trabajando, con todas las herramientas a nuestro alcance, para revertir ésta situación.

Cuando asumimos la tarea de gobierno, en nuestro país vivían 9 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza.

La mayoría, parados de larga duración, especialmente mayores de 45 años, familias jóvenes con hijos pequeños y mujeres solas con cargas familiares.

La tasa de pobreza relativa aumentó desde el 19,6% al 20,8% entre 2008 y 2010 y que la brecha social se hizo cada vez mayor.

En el año 2009 se alcanzaron índices de desigualdad en España solo superados por Lituania, Rumania y Letonia (Informe CES). Cada niño que nacía en España lo hacía con una deuda de 15.570 euros (UNICEF).

La pregunta que surge es ¿qué hizo el Partido Socialista ante todo esto? Un año después todavía no hemos encontrado la respuesta.

Lo que nosotros si estamos haciendo es sentando las bases para modernizar la protección social en aras de una mayor cohesión y justicia social.

En las próximas semanas presentaremos el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, que contendrá medidas concretas y específicas para luchar contra la pobreza.

Por supuesto, vamos a poner un énfasis especial en la protección de la Infancia.

El Informe de UNICEF sobre la infancia 2012-2013 señala que 2 millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza.

Hay que avanzar en todos los frentes, desde la educación hasta la mejora de las condiciones de vida de sus padres, pasando por mejorar las fórmulas que tienen las Administraciones y los agentes sociales de involucrarse en su protección.

En el ámbito comunitario hemos conseguido la dedicación de un 20% del Fondo Social europeo al fomento de la inclusión social que beneficiará la lucha contra la pobreza infantil.

Pero además, hemos elaborado el II Plan Estratégico de infancia y Adolescencia (2013-2015) que aprobará en breve el Consejo de Ministros.

Con él, queremos promover el bienestar de la infancia y de la adolescencia, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses e incrementando su calidad de vida y el pleno desarrollo de sus capacidades.

También hemos trabajado con las Comunidades Autónomas para la mejora de los sistemas de protección contra la pobreza y contra el maltrato infantil, reforzando los sistemas de detección, registro y notificación de casos de sospecha.

Estamos inmersos en la actualización de la legislación sobre protección a la Infancia .

Por ejemplo, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia en la reforma de la ley de adopción internacional, clarificando el marco competencial y reforzando las medidas para evitar que las adopciones internacionales generen beneficios financieros indebidos.

En este sentido vamos a promover el acogimiento familiar como medida prioritaria y, en su caso la adopción; quedando la atención residencial como medida subsidiaria para los casos que lo requieran.

Por supuesto, en las políticas a favor de la inclusión social también tenemos presente a las minorías más desfavorecidas, como la población romaní.

El Gobierno ha aprobado la Estrategia para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020, que beneficiará a unas 750.000 personas.

De las cuales un elevado porcentaje (37,5%) puede encontrarse en riesgo de exclusión severa.

Señorías, no quisiera dejar pasar la ocasión para reconocer y agradecer la labor que durante todos estos años han venido realizando las Entidades de Acción Social en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Cáritas, Cruz Roja o Unicef son solo algunas de ellas, pero hay muchas más, cuyo trabajo ha sido y todavía es fundamental para llegar allí donde no siempre llega la Administración.

Sin lugar a dudas, la generosidad demostradaza por sus miembros y la flexibilidad de sus estructuras, ha permitido dar una respuesta rápida y adecuada a las necesidades emergentes.

Por eso queremos seguir contando con ellas para articular las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

En 2013 dispondrán de 19.022.047 € para financiar sus programas, con cargo a la convocatoria de subvenciones del IRPF.

Y estamos trabajando en una nueva ley del Tercer Sector de Acción Social que les de estabilidad financiera y permita mejorar la coordinación entre estas entidades y la Administración.

La primera política social es el empleo, porque a través de él, las familias pueden recuperar su estabilidad económica, y garantizar el bienestar de sus mayores e hijos.
Por eso la primera decisión de este Gobierno fue aprobar una reforma laboral, que sin duda contribuirá a crear empleo estable y de calidad en cuanto se consolide el proceso de recuperación.

Pero también quiero poner de manifiesto que, en medio de una crisis económica sin precedentes, hemos dedicado el 63% de nuestros presupuestos para 21013 a Gasto Social.

Y que los créditos asignados para servicios sociales e igualdad en este Ministerio alcanzan la cifra de 2.536 millones de euros, un 41 % más que en el año 2012.

Hemos priorizado claramente el mantenimiento de la Red de Servicios Sociales de Atención Primaria, que cubre el 97% de los municipios del territorio español.
Con más de 47 millones de euros transferidos a las Comunidades Autónomas para apoyar su gestión.

Y quiero poner de relieve, que gracias a la colaboración y el diálogo con todas las CCAA, el pasado 16 de enero aprobamos en el Consejo Territorial, por primera vez en España, un Catálogo de Servicios Sociales común para todo el territorio,

Este Catálogo es, desde ya, una referencia básica sobre criterios comunes de calidad y de buen uso, favoreciendo así la sostenibilidad del sistema a través de esta competencia autonómica.

Y también, en ese mismo Consejo, se aprobó la distribución de 27´5 millones correspondientes al Plan concertado 2013 para la financiación de servicios sociales básicos.

Ahora bien, hay muchos servicios sociales y sanitarios que se prestan por dos y hasta tres Administraciones.

Estamos volviendo locos a los ciudadanos, que no saben a qué o a cuántas ventanillas han de acudir para recibir una sola prestación.

Esto sin duda genera ineficiencia y desconfianza.

España necesita cuanto antes una reforma de las Administraciones que clarifique qué competencias corresponden a cada cual.

Y desde luego un gran pacto a través del que coordinemos las políticas y el gasto social y sanitario.

La reforma de la Administración Local que hemos puesto en marcha hace dos semanas servirá, para poner fin a las duplicidades señalando con nitidez cual es el papel de los ayuntamientos en las urgencias sociales y en las asistencias sanitarias.

Señorías, quisiera también informar de la Dependencia, un instrumento de cohesión social y solidaridad que este gobierno ha querido no solo mantener sino también mejorar.

Como saben, es una Ley que nació con el consenso de todo el arco parlamentario pero que nunca ha funcionado como se preveía.

Por ponerle algunos datos, en enero de 2012, nos encontramos con un sistema que llevaba gastados 2.724 millones de euros más de lo inicialmente previsto con 225.000 grandes dependientes que ni siquiera se habían estimado.

Un sistema desbordado, con una lista de espera de 300.000 personas, de las cuales, el 57% eran grandes dependientes y dependientes severos que estaban esperando a recibir su prestación 1, 2 o más años.

Y una deuda de más de 1000 millones por cuotas impagadas a la Seguridad Social.
En resumen, una maraña normativa que generó enormes deficiencias en la atención, provocó desigualdades entre ciudadanos, e incumplió las expectativas de creación de empleo.

Algo que por cierto puso de manifiesto el Tribunal de cuentas en su informe en su informe sobre los ejercicios 2007 y 2011, y en los que se detectó una falta de orden, control y transparencia en el Sistema.

Nuestra voluntad ha sido poner remedio a esta situación.

Reformar el Sistema para lograr garantizar su sostenibilidad y proteger a las personas con mayor grado de dependencia.

Y también simplificar, clarificar y homogeneizar los procedimientos y asegurar que las prestaciones se adecuen a las necesidades reales de los dependientes.

Gracias al diálogo y a la colaboración de las Comunidades autónomas, ahora tenemos un modelo mucho más justo y solidario, que garantiza la calidad y la sostenibilidad del Sistema, que prioriza la atención profesionalizada y que impulsa la creación de empleo.

Hemos acabado con las diferencias de prestaciones en función de la Comunidad Autónoma.

Con estas medidas, puestas en marcha el pasado mes de julio, hoy hay 75.700 personas menos en lista de espera de la Dependencia, un 24% menos, que es el nivel más bajo desde el inicio del Sistema.

Se presta asistencia a las personas que lo necesitan a la vez que se incorporan nuevos beneficiarios. Concretamente 129.847 nuevos dependientes que han empezado a recibir su prestación en 2012.

El Gobierno ha hecho realidad el objetivo que se había marcado:

Lograr un Sistema de Atención a la Dependencia acorde con el espíritu de la Ley que la creó, y un modelo sostenible económicamente, más transparente en su gestión, más equitativo en todo el territorio nacional y más accesible para el usuario y que aporte empleo.

Señor Presidente, Señorías,

Las Familias están soportando gran parte del peso de la recuperación. Están haciendo un importante esfuerzo para salir adelante en circunstancias muy difíciles y este Gobierno quiere, ahora más que nunca, estar cerca de ellas, especialmente a las familias numerosas, las que están sufriendo el drama del parto y las que tienen hijos menores.

Tal y como comprometí en mi comparecencia de líneas generales, estamos a punto de culminar el Plan Integral de Apoyo a la Familia, con el que vamos trazar una perspectiva familiar a todas las políticas del Gobierno. La conciliación de la vida laboral y familiar es una de nuestras grandes prioridades.

Hemos puesto en marcha numerosas medidas para lograr un equilibrio entre la vida familiar y laboral por parte del sector empresarial a través de iniciativas como los Certificados Empresa Familiarmente Responsables o los Premios Nacionales Empresa Flexible.

En esta línea, quiero resaltar que para el Gobierno, y particularmente para mí, la igualdad real de oportunidades es un objetivo irrenunciable.

Es una cuestión de Justicia y de Derechos fundamentales y además, un motor de desarrollo económico y de cohesión social.
Lo he dicho en más de una ocasión y quiero utilizar esta comparecencia para reiterarlo.

La igualdad no pertenece a nadie en particular. Mucho menos a un partido político o a una ideología.

Es una legítima aspiración de toda la sociedad, y por la que todos debemos trabajar dejando a un lado nuestros prejuicios.

En mi última reunión con la Vicepresidenta de la Comisión Europea, le trasladé el apoyo del nuestro Gobierno a la Directiva sobre Igualdad, y mi satisfacción por el diferente planteamiento que se le va a dar a la nueva Directiva sobre Discriminación en los Consejos de Administración.

Aun compartiendo los objetivos, creemos que es necesario garantizar las mismas oportunidades trabajando en acuerdos voluntarios, para lo cual es imprescindible seguir avanzando en medidas de conciliación y vida familiar.

No quiero hablar de igualdad sin citar la que es nuestra principal batalla de todas. La lucha contra la violencia de género.

Estamos poniendo en marcha numerosas iniciativas, como la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género, la plataforma Hay Salida, o los premios a las buenas prácticas locales que hemos entregado esta misma semana. Y en breve presentaremos una Estrategia Nacional contra la Violencia de Género

Pero está claro que todavía queda mucho por avanzar y por concienciar. Más de lo que nos gustaría. Tengan por seguro que este Gobierno no bajará la Guardia mientras haya una sola mujer sometida al abuso y la violencia.

Señorías, el Gobierno tiene muy presente en sus políticas a los jóvenes. Nuestra principal esperanza para el futuro. Nuestro país no puede permitirse tener a más del 50% de nuestros jóvenes parados, sin oportunidad de encontrar un trabajo.

Queremos ofrecerles algo más que confianza en el futuro, queremos sentar las bases para que ellos sean los líderes de la recuperación económica y social que España necesita.

Es un compromiso de todo el Gobierno, y especialmente de su Presidente, que ha liderado una importante negociación en Bruselas para que el desempleo juvenil se convierta en una de las prioridades de la agenda presupuestaria del próximo septenio 2014 -2020.

Ha sido gracias a España y al impuso entre otros de nuestro Ministerio, Europa ha aprobado la creación de un nuevo Fondo para el Desempleo Juvenil, dotado con 6.000 millones de euros, de los que 920 millones serán para nuestro país.

Siguiendo esta política de compromiso con los jóvenes, hemos diseñado un nuevo Plan de Acción Joven 2013-2015 que pondremos en marcha este año, y también hemos cerrado con los empresarios y los sindicatos el acuerdo marco que establecerá la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

Una iniciativa para combatir el desempleo entre los jóvenes que contará con una dotación de 3.500 millones de euros.

Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
Como todas sus señorías saben, esta crisis no ha entendido de edades, pero en estos momentos de dificultad, las personas mayores se están convirtiendo en el principal apoyo de sus hijos y de sus nietos.

Trabajamos desde el primer momento para garantizar que, pese a todo, su salud su bienestar y su calidad de vida sigan estando protegidos y garantizados.

Las medidas sanitarias y sociales puestas en marcha tienen en la persona mayor uno de sus principales ejes de actuación.

Dedicamos 8 de cada 10 euros de este presupuesto a mejorar su calidad de vida y prestarles la mejor atención posible.

Hemos incrementado en 1.274 millones el presupuesto del IMSERSO, alcanzando los 5.055 millones de euros, y además subimos en un 22,92 % la dotación para el pago de las pensiones no contributivas.

En total las pensiones se subieron en 2012 un 1% y en 2013, un 2% las que no superan los 1.000 euros al mes (casi 7 millones de pensionistas) y un 1% las restantes.

Como señaló el Presidente en su comparecencia de la semana pasada, no hemos podido actualizar las pensiones con arreglo al incremento del IPC, que es lo que nos hubiera gustado. Pero desde luego han subido, no se han congelado.

Los programas de termalismo y turismo social han recibido de los presupuestos más de 100 millones de euros, lo que va a generar cerca de 8 millones de estancias hoteleras, y quizá aun más importante, mantener unos 90.000 puestos de trabajo en el sector.

Pero honestamente, creemos que es necesario ir un paso más allá.

Las personas mayores no necesitan que nadie hable por ellos. Necesitan que se les escuche. Por eso hemos apoyado la elaboración un Estatuto del Mayor.

Y digo hemos apoyado porque conscientemente este Gobierno ha renunciado a ser quien le diga a los mayores qué o cuales son sus derechos y como ha de defenderlos.

Han sido por tanto ellos, a través de sus propias Asociaciones y Federaciones los que han redactado ese Estatuto.

Señorías, no podía faltar en esta comparecencia, las políticas destinadas a las personas con alguna discapacidad.

Durante la anterior legislatura se prometieron muchas cosas pero se hicieron muy pocas.

Ni se adaptó la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni se desarrollaron las medidas en materia de autonomía personal previstas en la Ley de dependencia.

Este Gobierno ha tenido en cuenta las necesidades de las personas con diferentes capacidades a la hora de reformar el mercado laboral.

Hemos suspendido inmediatamente y por un plazo de 2 años los desahucios de las familias que tengan algún miembro con discapacidad o dependencia.

Y en las próximas fechas probaremos el Plan de Acción de la Estrategia Española de la Discapacidad y también la que es una de las máximas reivindicaciones del sector.

Una nueva Ley General de Discapacidad como marco legal de promoción laboral de las personas con distintas capacidades que garantizará la igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la dignidad y la integración de todas las personas.

CIERRE

Señor Presidente

Finalizo ya.

Acabados los dos grandes bloques de mi comparecencia, creo que he expuesto de manera completa los grandes asuntos en los que ha trabajado mi Departamento a lo largo de 2012, y he dado respuesta a las numerosas cuestiones que se plantearon en su día.

Creo que a modo de resumen, puedo decir que hemos logrado los objetivos de política social y sanitaria que nos propusimos al inicio de legislatura para este primer año de gobierno.
Concretamente:

Hemos configurado un marco estratégico que establece las prioridades en materia de política social en el medio y largo plazo.

Hemos reformado el Sistema Nacional de Salud para hacerlo más sostenible, equitativo, eficiente, y de calidad manteniendo en todo momento su carácter público y universal pero reforzando su gestión y orientándolo a las necesidades del paciente siempre en coordinación y dialogo con las CCAA.

Hemos mejorado el Sistema de Atención a la Dependencia para hacerlo más justo, solidario equitativo y sostenible y ágil.

Estamos dando los primeros pasos del Acuerdo sociosanitario, para mejorar la calidad de vida de las personas, sus familias y su entorno, a través de la garantía de continuidad en la atención y los cuidados que necesitan, coordinando y optimizando los recursos sociales y sanitarios.

También hemos garantizado la sostenibilidad de la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria,

Y hemos consolidado las bases para atender de manera eficaz las necesidades de las personas de grupos prioritarios, como la infancia, las mujeres, especialmente las que son victimas de violencia de género, las personas con capacidades diferentes, las familias, las personas mayores y los jóvenes.

Señor Presidente, Señorías

Quedo pues, a disposición de los miembros de la Comisión, para escuchar atentamente sus intervenciones y responder a las preguntas que quieran plantearme.

Muchas Gracias por su atención.