Tres años sin noticias de la dependencia

Noelia Isabel Checa pidió en marzo de 2011 la ayuda de la dependencia para su hija Aitana, que tiene ahora 7 años y padece autismo. Sabía que la tramitación de su solicitud iba para largo, pero no se imaginaba hasta qué punto. «Al principio todo fue rápido. Nos llamó la trabajadora social y vinieron a valorarla a nuestra casa, en Alcantarilla», recuerda la madre. En septiembre, se reconoció a Aitana un grado III nivel 1 de dependencia, y se inició el trámite para conceder la prestación económica prevista en la ley. El expediente debía estar resuelto en seis meses, pero como ocurrió con miles de solicitudes, se quedó en los cajones del IMAS por tiempo indefinido.

En julio de 2012, el Gobierno central decidió congelar la concesión de nuevas ayudas económicas durante dos años. Aunque la solicitud de Aitana era anterior a esa medida, y pese a que para ese momento la prestación debía estar ya concedida de acuerdo a los plazos previstos en la ley, el IMAS le aplicó la moratoria y aparcó el expediente, como hizo con centenares de casos similares. Noelia Isabel Checa reclamó sin éxito. En febrero de 2014 se hartó de esperar y acudió a un abogado. Presentó una reclamación y, ésta vez sí, encontró respuesta. El IMAS aprobó la ayuda, de 378 euros mensuales, y empezó a pagar en mayo, tres años después de la presentación de la solicitud.

Pero, ¿qué pasaba con todo lo que la familia no había cobrado durante todo ese tiempo pese a tener el derecho reconocido a ello? El IMAS solo admitió atrasos entre 2011 y julio de 2012, cuando por ley se eliminó el cobro retroactivo. Noelia Checa decidió entonces acudir a los tribunales y reclamar las ayudas no percibidas entre julio de 2012 y mayo de 2014. «Es lamentable que tengamos que haber llegado a esto. Solo queríamos que nos diesen aquello a lo que teníamos derecho. Lo hice por mis hijos, por Aitana y por su hermano pequeño, que es también autista y de momento no tiene ayuda». Noelia es administrativa, pero tuvo que dejar el trabajo porque le resultó imposible compaginar la vida laboral y familiar. «Nos gastamos todos los meses 700 euros en terapias cognitivas y de aprendizaje para nuestros hijos. Menos mal que mi marido tiene trabajo, pero hemos tenido que reducir el número de horas que reciben», se queja.

Ahora, podrá dedicar a las terapias y al resto de gastos los 7.396 euros que tiene que pagarle el IMAS en concepto de responsabilidad patrimonial, por los «daños y perjuicios» provocados por la demora injustificada en la concesión de la ayuda. Así lo ha dictaminado la juez Eulalia Martínez, del Contencioso Administrativo número 8 de Murcia, en una sentencia que es firme y no admite recurso.

La magistrada considera que, aunque la ley acabase en verano de 2012 con el derecho a cobro retroactivo de las ayudas, la solicitud de Noelia Checa y su hija debería haber estado resuelta antes. La demora dio lugar a la aplicación de la nueva ley y debe considerarse «retraso culpable» que «adquiere la condición de daño antijurídico». La Administración, subraya la sentencia, superó los seis meses de plazo previstos en la legislación «sin que haya alegado y probado causa alguna que le haya impedido su observancia».

La juez del Contencioso Administrativo número 8 ya dictó dos sentencias anteriores con similares argumentos, pero ésta es la primera vez en que se fija la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios. En los dos fallos previos, la cantidad quedaba sujeta a ejecución de sentencia. Daniel Frutos, abogado de Noelia Checa, destaca que hay centenares de familias en una situación similar, si bien la sentencia no abre todavía una vía definitiva. Será el Tribunal Superior de Justicia quien fije jurisprudencia cuando se pronuncie sobre alguno de los recursos que los afectados están presentando.

Política Social: «No compartimos la sentencia»

La Consejería de Sanidad y Política Social respeta y acata el fallo del Contencioso Administrativo, aunque está en desacuerdo con los argumentos de la juez. «No compartimos la sentencia; lo que hace el IMAS es cumplir la ley», que eliminó el derecho al cobro retroactivo en julio de 2012, señalan fuentes de la Consejería.

La valoración del Colegio de Trabajo Social es diametralmente opuesta. En verano de 2012, recuerda esta institución, «13.500 personas en situación de dependencia se encontraban esperando del IMAS una resolución. La mayoría de ellas (en torno al 90%), llevaban más de seis meses, que es el plazo legal que marca la ley». Estos beneficiarios sufrieron la paralización de sus expedientes, que en la mayoría de los casos no empezaron a ser reactivados hasta 2014. Política Social «pretendía ahora no reconocer los atrasos, lo que supone un ahorro que no es más que el enriquecimiento injusto del IMAS, porque se ve beneficiado de su propio incumplimiento de la ley, ahorrándose atrasos», denuncia el Colegio.