Un año sin Dependencia

Rafael Iniesta Solano lleva 22 años tetrapléjico. Un accidente –fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga– lo dejó en cama, y desde entonces solo alcanza a mover la cabeza. El resto del cuerpo es su prisión. Para comer, beber agua e incluso toser necesita ayuda. Como para tantas otras familias, la llegada de la Ley de Dependencia en 2007 supuso para Rafael y los suyos un asidero, una especie de compensación por el sufrimiento, el dolor y también las penurias económicas a las que la mala suerte los había condenado. Empezaron a recibir 342,74 euros mensuales en concepto de prestación económica al cuidador, pero en abril de 2011, la familia decidió pedir una plaza de residencia para Rafael. Consideraron que era lo mejor para el futuro del enfermo.

Como suele ocurrir, los trámites burocráticos se eternizaron, y cuando casi un año después, en febrero de 2012, el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) decidió concederle la plaza, la situación había cambiado. «Rafael estaba sumido en una depresión y su estado había empeorado», explica María José Iniesta, su hermana. Así que renunciaron a la residencia y pidieron continuar con la prestación económica. Su solicitud, sin embargo, no llegó a tiempo. La ayuda ya había sido anulada, dado que no es compatible con el resto de servicios de la Dependencia.

De nada sirvió el informe médico que acompañaba la petición de la familia, y que señalaba que el paciente «en estos momentos no se encuentra en circunstancias favorables de ingresar en la residencia». Rafael Iniesta padece úlceras en la piel que habían empeorado, y además acababa de ser intervenido quirúrgicamente en La Arrixaca por una infección en la oreja izquierda. La situación de la familia tampoco era la mejor, lo que había agudizado su estado depresivo. «La madre padece enfermedad crónica grave y avanzada, a su hermana pequeña la han desahuciado con sus dos hijos pequeños y ha tenido que ser acogida en la vivienda familiar, aspecto que a Rafael le afecta de manera profunda», explicaba el facultativo en su informe, que concluía: «Bajo prescripción médica recomiendo que no sea apartado de la unidad familiar en estos momentos».

Pero ya era tarde. El IMAS había anulado la prestación económica y concedido la residencia, con lo que la solicitud de la familia empezó a tramitarse de cero, como si fuese una nueva petición de las ayudas de la Dependencia. Y ahí los papeles se atascaron, coincidiendo con la paralización durante dos años de las prestaciones aprobada por el Gobierno central. En conclusión, Rafael Iniesta lleva sin recibir ningún tipo de apoyo algo más de un año pese a la difícil situación económica en que se encuentran él y su madre.

Harta de la situación, Josefa, la madre de Rafael, puso una reclamación a principios de este mes. «Mi hijo tiene derecho a una prestación desde 2008. Soy viuda de 62 años y no puedo trabajar porque mi hijo me necesita las 24 horas del día», se quejó. «He tenido que renunciar a servicios de respiro familiar ya que no puedo pagarlos; somos los dos enfermos crónicos y veo mermada mi capacidad económica, de manera que o pago hipoteca y gastos o las medicinas», denunciaba.

«Una excepción»

El IMAS ya ha reaccionado a la reclamación. Su director-gerente, Fernando Mateo, ha explicado a ‘La Verdad’ que Rafael Iniesta empezará a recibir la ayuda económica el próximo mes. Asegura que se trata de «una excepción», ya que la moratoria de dos años sería de aplicación. Además, «no se puede recuperar una ayuda económica después de la concesión de un servicio (en este caso una plaza en residencia)», defiende. Mateo explica que hay «cuatro o cinco casos similares» al de Rafael Iniesta con los que se va a actuar «de manera excepcional» por su condición de dependientes muy graves.