Un juez obliga a Jaén a prestar la ayuda a domicilio a dependientes

El Ayuntamiento de Jaén (PP) se convirtió, el pasado 3 de diciembre, en el primero en todo el país en renunciar a prestar la ayuda a domicilio, una de las prestaciones incluidas en el catálogo de la Ley de Dependencia. El gobierno local, del PP, alegó una deuda de unos dos millones de euros de la Junta de Andalucía (gobernada en coalición por PSOE e IU) para romper el convenio y crear inquietud entre más de 400 personas dependientes y unas 200 cuidadoras. Dos meses después de abandonar el servicio, que afortunadamente ha seguido prestando por su cuenta la empresa concesionaria, un juez acaba de dictaminar que la prestación de la ayuda a domicilio en el marco de la Ley de la Dependencia es una competencia que no puede ser suprimida.

“Han de primar, sin género alguno de dudas, los intereses de las personas afectadas, que ya tienen reconocido el derecho a la prestación, el de las que pueden acceder al mismo o el de aquellas a las que se tenga que reactivar este derecho, que no puede ser suspendido o limitado su acceso”, se indica en el auto del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Jaén en el que se acuerdan las medidas cautelares que había demandado la Junta.

Entre los usuarios afectados por este conflicto hay grandes dependientes que no están siendo atendidos porque el Ayuntamiento no ha tramitado sus altas, y otros dependientes que, pese a recibir el servicio, están con la inquietud permanente. “No quiero que me quiten a la cuidadora, es la única ayuda que tengo”, declara Cipriana Gómez, de 92 años y viuda, que vive sola en su domicilio y que, pese a su escasa movilidad, únicamente cuenta con dos horas diarias de ayuda a domicilio. O Tomás Beltrán, también de 92 años, al que le resulta insuficiente las dos horas diarias de atención a su esposa, de 90 años. “Yo también necesitaría la dependencia pero con la que tienen liada los políticos parece que de momento no me toca”, se lamenta.

El juez deja claro en el auto que “la Administración autonómica es la titular de la competencia exclusiva en materia de Servicios Sociales, y el servicio de ayuda a domicilio es de titularidad pública y su organización es competencia de las corporaciones locales de Andalucía, que podrán gestionarlo de forma directa o indirecta”. En el caso del consistorio jiennense, el servicio está adjudicado a la empresa Multiservicios Jabalcuz, que sigue prestando el servicio a pesar de que el Ayuntamiento le adeuda más de un millón y medio de euros. También la Fiscalía de Jaén dijo en su día que el servicio era una responsabilidad municipal, aunque instaba a la Junta a normalizar los pagos.

La Consejería andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que acudió en enero al contencioso para recurrir el decreto municipal de abandono de la ayuda a domicilio, mostró su satisfacción por la decisión judicial. Sin embargo, el conflicto seguirá ahora para dirimir el fondo del asunto, que no es otro que la competencia de la prestación del servicio. El alcalde jiennense, José Enrique Fernández de Moya (PP), considera que se trata de algo que compete “en exclusiva” a la comunidad autónoma. El Ayuntamiento sí que presta con normalidad otra ayuda a domicilio de carácter municipal para 179 usuarios.

La reacción municipal al auto judicial fue muy distinta. La concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, indicó que el fallo “deja sin argumentos” a la Junta al obligarle a negociar un nuevo convenio para el servicio de dependencia al estar el anterior denunciado “en tiempo y forma”. La semana pasada, el alcalde propuso un nuevo convenio condicionado al compromiso de la Junta a pagar en un plazo de 60 días o, de no ser así, a asumir los intereses de demora. La Junta ha liquidado en los últimos días toda la deuda que mantenía con el Consistorio jiennense.

Además, desde el Ayuntamiento de Jaén se destaca que el auto judicial hace referencia al “quebranto económico” que supone para el Ayuntamiento la prestación del servicio en las condiciones actuales, es decir, con los “continuos y reiterados impagos por parte de la Junta de Andalucía”, según indicó la concejala de Asuntos Sociales, quien instó a la Junta a sentarse a negociar un nuevo convenio. El Ayuntamiento se compromete también a crear una cuenta restringida para ingresar las subvenciones de la Junta en materia de dependencia, y eso después de las denuncias de los grupos de la oposición de que ese dinero lo destinaba a otros pagos del Ayuntamiento.