Un juez otorga rango de autoridad a los trabajadores sociales

El titular del juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha condenado a dos años de cárcel y una multa de 800 euros a un individuo que agredió a un trabajador social del Ayuntamiento malagueño que se había desplazado a su barriada para atender a varias personas en riesgo de exclusión social. Una sentencia que los profesionales de este colectivo consideran de gran importancia porque el juez otorga el rango de autoridad frente al agresor y que crea un precedente preventivo ante el incremento de agresiones verbales y físicas que están sufriendo.

Los hechos enjuiciados ocurrieron el 4 de diciembre de 2013 en la barriada malagueña Las Castañetas. Según recoge el fallo, al que tuvo acceso este periódico, el educador social y su compañera se disponían a entrar a un domicilio cuando otro usuario de la zona se dirigió a ellos «gritándoles que no recibía ayuda suficiente». Los funcionarios le dijeron que le atenderían cuando concluyesen con el otro demandante, sin imaginar lo que iba a suceder en ese momento.

Cuando los dos empleados de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga abandonaron el domicilio, el se dirigió hacia uno de ellos y, «de forma inopinada», le dio varios puñetazos. Como consecuencia de los golpes, sufrió hematomas y perforación del tímpano, heridas que precisaron 20 días para su curación.

Los hechos fueron calificados por la Fiscalía y la acusación particular como delitos de lesiones y atentado, que finalmente han sido estimados por el magistrado. Aunque el segundo de los cargos protegía a los policías víctimas de agresiones, y después se hizo extensible a los profesores y profesionales sanitarios que eran atacados, el juez del caso también lo ha aplicado en esta ocasión a este trabajador social.

Esta decisión se argumenta en que se produce «un detrimento del principio de autoridad», aunque agrega que el bien jurídico protegido por el delito de atentado no se circunscribe a esta circunstancia «exclusivamente», sino a la «necesidad que toda sociedad organizada tiene de proteger la actuación de los agentes públicos para que puedan desarrollar sus funciones de garantes del orden».

Por eso fijó 15 meses de prisión para el agresor, de quien recalca que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. A esta pena hay que añadir otros nueve meses de cárcel por las lesiones ocasionadas a la víctima, a la que tendrá que indemnizar con 800 euros.

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, SIP-AN, UPLBA y SAB han lamentado que la sentencia firme «haya tardado dos años en llegar», pero miembros del primero mostraron su satisfacción por la acusación de atentado.

Estas organizaciones han firmado un escrito en el que alertan del incremento de la agresividad y la violencia contra trabajadores de los Servicios Sociales del Consistorio malagueño y en todos los departamentos municipales en los que se atiende directamente al público. Circunstancia que supone «un plus de tensión y estrés» para los empleados municipales que, en ocasiones, añadieron, «tiene consecuencias para su salud».

Ante esta situación, han trasladado su preocupación, ya que «cada vez son más frecuentes las tensiones, agresiones verbales y amenazas en el día a día» de su desempeño profesional.

«Se ha producido una demanda muy grande por la crisis y tratamos de ayudar con los recursos que tenemos», señaló a este periódico un representante de UGT, que agregó que no todos los empleados denuncian y que se ha solicitado al Ayuntamiento la creación de un protocolo de prevención y actuación.