Un total de 11.000 personas están a la espera de recibir las ayudas de la Dependencia en la Región de Murcia

Un total de 11.338 personas de la Región de Murcia con estatus de personas dependientes reconocido están a la espera de percibir las ayudas o servicios que establece la Ley de la Dependencia, lo que representa un cuarto del total de 38.181 personas que hay en la Comunidad con este derecho adquirido. Su tiempo de espera llega a alcanzar incluso los tres años, cuando el límite máximo legal es de seis meses.

Así lo ha hecho saber en declaraciones a Europa Press Lorenzo Gutiérrez Díez, coordinador del Colegio de Trabajo Social de la Región de Murcia, un organismo que aglutina a cerca de 800 profesionales, una parte de los cuales están atendiendo a las personas con dependencia en los diferentes ayuntamientos y asociaciones que se encargan de esta materia en la Región.

Gutiérrez explica que la cifra de personas con dependencia que está a la espera de recibir las ayudas llegó a alcanzar los 14.000 de octubre de 2011 a mayo de 2012, pero ha ido descendiendo en los últimos años.

Sin embargo, explica que esta bajada no se debe a que se hayan incorporado a los servicios, ya que la cifra de beneficiarios actual es inferior al número de beneficiarios que había en junio de 2011, sino que ha descendido porque los beneficiarios han ido falleciendo o porque están desistiendo dado que se están reduciendo los servicios y prestaciones económicas, así como por falta de recursos suficientes para afrontar los elevados copagos impuestos en los últimos años.

No obstante, destaca que la lista de espera está “prácticamente paralizada” desde julio de 2012. Estas personas llevan esperando uno, dos y hasta tres años desde el momento en el que los técnicos reconocieron su dependencia y, en muchos casos, han tenido incluso la propuesta de resolución hecha, a la espera solo de la firma del director general de la Comunidad y del director gerente, según Gutiérrez.

Por tanto, el coordinador del Colegio advierte que no se trata de un problema de recursos humanos y técnicos que evalúen la dependencia, sino que es un problema que tiene que definir la Comunidad Autónoma. En concreto, lamenta que la Administración suele esgrimir que existe un “problema económico”, y que cumplirá cuando la situación económica mejore.

Sin embargo, Gutiérrez recuerda que este problema existe en la Región desde el 1 de enero de 2007, cuando la Ley entró en vigor, ya que “no ha existido desde el primer momento una voluntad de poner en marcha las medidas que implica”.

El Colegio de Trabajo Social de la Región pide “que se resuelvan las solicitudes en el plazo previsto de seis meses”, ya que “nos encontramos con personas que fallecen y se archiva su expediente”. Anteriormente, Gutiérrez recuerda que la administración reconocía los atrasos a los dependientes incluso una vez fallecidos, y las familias tenían la expectativa de recibir el dinero “antes o después”.

Sin embargo, en 2012 se aprobó una normativa (la Ley 6/2012, de nivel regional) por la que la Comunidad dejaba de tener obligación de abonar las ayudas a los dependientes que fallecieran y no tuviera ya reconocido ese derecho, aunque hubieran pasado años en lista de espera. Por tanto, Gutiérrez cree que “se está dejando morir a la gente, y sus fallecimientos suponen un ahorro para el Gobierno regional”.

El Colegio de Trabajo Social ha denunciado esta situación ante la Fiscalía, pero el Ministerio Público ha entendido que no había delito penal, y a la gente solo les queda reclamar por la vía contencioso-administrativa “con bastante éxito”, porque a través de esta vía “han habido sentencias importantes” a favor de los ciudadanos.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El coordinador del Colegio de Trabajo Social aclara que la responsabilidad de es repartida entre el Gobierno central, que aporta un mínimo; otra parte la aporta la Comunidad Autónoma; y otra parte corre a cargo de la persona beneficiaria y que percibe el servicio, abonando un copago en función de su capacidad económica.

El coordinador ha querido destacar que este copago “se ha endurecido sin tener en consideración todas las circunstancias y necesidades de las personas en situación de dependencia, entendiendo que se calcula en base a la capacidad económica, pero de modo excesivo”.

La Dependencia se divide en tres grados en función de su gravedad. En primer lugar se encuentran los dependientes de grado 3, es decir, el nivel máximo o de gran dependencia, seguidos por el grado 2 y el grado 1. De ellos, en este momento solo están protegidos el grado 3 y el 2, que son los únicos que tienen derecho a que se les reconozca un servicio o prestación.

Gutiérrez recuerda que los dependientes de grado 1, que en la Región de Murcia suman 12.380 personas, también tenían reconocido su derecho a servicio o prestación, pero el Gobierno central lo eliminó a principios de 2012, en una de las primeras reformas que se llevaron a cabo en la actual legislatura. Desde entonces se ha aplazado tres veces, el 31 de diciembre de 2011, el 30 de junio de 2012 y el 14 de julio de 2012.

Así pues, los dependientes encuadrados en esta categoría tienen que esperar a julio de 2015 para que su grado quede protegido, según se dispone en la Ley, aunque los trabajadores sociales temen que pueda haber más retrasos.

El coordinador del Colegio recuerda que los mayores perceptores de la Ley de Dependencia llegaron a cobrar desde 153 hasta 520,69 euros en función del grado, pero explica que ese importe se ha visto recortado en los últimos años hasta quedar por debajo de los 400 euros.

El conjunto de los beneficiarios han visto también reducidas sus ayudas de forma general por la implementación del copago, que se vio agravado en 2013, y advierte que “puede haber casos en los que la prestación que se reconoce a las personas llega a ser, incluso, de cero euros”, a pesar de ser dependientes de grado 3.

A pesar de ello, ha aclarado que las personas que perciben cero euros, “siguen computando a efectos estadísticos y el Gobierno regional sigue recibiendo financiación del Gobierno central por ello, pese a que el ciudadano no recibe un solo euro”.

En esta tesitura, y con ayudas que pueden rondar los 200 o 300 euros, los trabajadores sociales suelen escuchar muchas quejas de los dependientes, que critican que con ese dinero “no se puede pagar ni siquiera las pomadas ni los pañales”.

El coordinador del Colegio explica que la Ley define perfectamente los requisitos para formar parte de un grupo u otro de Dependencia. Así, una persona con dependencia de grado 3 necesita una atención continuada, las 24 horas del día, para satisfacer todas sus necesidades básicas, que son la comida, la higiene, desplazarse y todo su cuidado personal, entre otras cosas.

En el grupo 2 estarían integradas las personas que necesitan ayuda varias veces al día en estos casos, y el grado I, para algunas de estas actividades básicas, de forma puntual o una dos veces al día.

EL COLEGIO RECLAMA QUE SE CUMPLA LA LEY

Ante esta situación, el Colegio de Trabajo Social de la Región reclama “que se cumpla la ley de Dependencia con una normativa en la Región de Murcia, porque genera inseguridad jurídica a los solicitantes”.

Y es que se trata de una ley aprobada en 2006 que entró en vigor en 2007, mientras que en la Región de Murcia no se reguló el procedimiento hasta mayo de 2011. “La administración ha tenido margen para actuar de una manera un tanto opaca”, censura.

Ahora que ya está lista la normativa, Gutiérrez lamenta que el problema es que “se han ido modificando con recortes, tanto en junio de 2012 como en julio de 2013, y se ha atacado mucho a la Dependencia”. Además, temen que este mes de junio o julio “llegue un nuevo ataque”.

ECO Y REACCIONES

La Opinión de Murcia

Un total de 11.000 personas están esperando las ayudas de la Dependencia en la Región

El tiempo de demora llega a alcanzar incluso los tres años, cuando el límite máximo legal es de seis meses Es una cuarta parte de las 38.181

El Pajarito

Más de 11.000 murcianos siguen esperando las ayudas de la Dependencia

UPyD

“UPyD considera “inadmisible” la paralización de las ayudas de la Dependencia que perjudica a más de 11.000 personas en la Región”:http://www.upyd.es/contenidos/noticias/119/116441-UPyD_considera_inadmisible_la_paralizacion_de_las_ayudas_de_la_Dependencia_que_perjudica_a_mas_de_11_000_personas_en_la_Region

Tal y como explica Fuensanta Máximo, la Administración regional no ha puesto, desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en enero de 2007, “la voluntad necesaria para implantar las medidas requeridas para su buen funcionamiento”.