Una orden de Empleo plantea que se quite la ayuda para mayores de 55 años al llegar a la edad más temprana de jubilación anticipada.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) ha dado orden de que, a partir de este lunes, el subsidio para parados mayores de 55 años se deje de cobrar cuando el perceptor llegue a los 61 años de edad. Es la forma que tiene de interpretar el decreto del Gobierno que obliga a los perceptores de esta ayuda a jubilarse en cuanto puedan. La edad más temprana de jubilación anticipada es precisamente de 61 años, pero no todo el mundo cumple los requisitos para retirarse a esa edad, así que la orden del ministerio puede dejar a perceptores de este subsidio sin ayuda y sin jubilación.

El Colegio Oficial, convocado por la Consejería de Economía y Hacienda, ha participado en la Mesa de Protección Social, junto a representantes de la Administración Regional, de patronal y de sindicatos.

Se ha manifestado el error del diagnóstico del Plan Estratégico 2014-2020, ya que parte de un escenario normal en materia de Política Social y dirige el Plan a la reducción del déficit.

Se ha comunicado al respecto la dura situación social que se está generando y consolidando, así como el incumplimiento sistemático de las leyes de dependencia y de renta básica de inserción.

Igualmente se ha hecho incidencia en materia de vivienda (desahucios, lanzamientos, Fondo Social de Vivienda, Oficinas de Intermediación Hipotecaria), aspecto que ni siquiera se menciona en el documento base; y se ha hecho incidencia en la falta de alternativas para las mujeres víctimas de violencia de género y la falta de políticas de prevención de situaciones de riesgo y de desamparo, así como de protección de menores.

Se ha reclamado una estrategia regional en Política Social, el Plan de Inclusión Social previsto por la Ley de RBI, en la necesidad de aplicar las leyes, y que se tenga en cuenta a todos los sectores: discapacidad, mayores, inmigración, enfermedades raras, reclusos y ex-reclusos, drogodependencias, salud mental, sin hogar, etnia gitana,…

Esperamos que las aportaciones propuestas sean incorporadas al documento final, que se cumplimiento a las leyes y que se tenga en cuenta al Colegio Oficial de manera real y efectiva, dado que la precipitada convocatoria no hace pensar en un interés real de contar con nuestras aportaciones.

Se informó en el plano jurídico sobre los procesos de desahucio, se discutió sobre la situación, sobre la elaboración de los Informes Sociales desde los Ayuntamientos, y sobre otras medidas como las Oficinas de Intermediación Hipotecaria.

Respecto a los Informes Sociales de los ayuntamientos, se comentó que todas las personas que se vean afectadas por el tema de desahucios/lanzamientos acudan a servicios sociales. Y que si quieren un Informe Social del Ayto, que lo soliciten por registro y sea el Ayuntamiento el que se pronuncie al respecto. Algunos ayuntamientos no quieren y otros han creado comisiones específicas. Nosotros hemos pedido al Consejo General que se pronuncie al respecto.

Se ha defendido que la realización del Informe Social se realice con rigor profesional, por lo que se solicita que las personas no acudan en el último momento, sino desde que empiezan a tener problemas o los prevén.

En cuanto tengamos información confirmada, os iremos informando a todas las personas.

Sobre próximas reuniones comentaron que es posible que sea en un mes y medio o dos.

El Informe se remitirá a Fiscalía para que se estudie la posibilidad de iniciar un procedimiento de oficio.

Los trabajadores sociales han presentado el Informe ante el responsable del Instituto Murciano de Acción Social, Fernando Mateo, remitiendo copia y solicitando reunión a la Consejera de Sanidad y Política Social; y al Presidente Valcárcel.

El Informe también será remitido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a la Inspección de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma.

El Colegio Oficial, convocado por la Consejería de Economía y Hacienda, ha participado en la Mesa de Protección Social, junto a representantes de la Administración Regional, de patronal y de sindicatos.

Se ha manifestado el error del diagnóstico del Plan Estratégico 2014-2020, ya que parte de un escenario normal en materia de Política Social y dirige el Plan a la reducción del déficit.

Respecto a las medidas concretas, se ha indicado que en materia de lucha contra la exclusión social la única medida específica consistía en crear un sello que reconociera a las empresas que contrataran a personas en dicha situación.

Tras las numerosas críticas y desacuerdos, se nos comunica que se tratara de forma más amplia en la mesa concreta de Protección Social. Se destacó la escasa diferencia entre una mesa y otra, así como la necesaria constancia de error de diagnóstico, error de propuestas, y que se avisara con un día de antelación.

Más de 30 trabajadores sociales de toda la Región participarán del miércoles al sábado en un curso intensivo.

Atentados terroristas, inundaciones, terremotos, incendios o desastres químicos requieren de formación específica para la actuación de los trabajadores sociales en los “Grupos de Acción Social”.

La Comisión Europea va a presentar su visión de la contribución que la migración y la movilidad pueden hacer a un desarrollo social, económico e integrador y de cómo reforzar la cooperación mundial en este ámbito.

Enlace Europa Press

“Si hubiera una voluntad expresa del Gobierno de cargarse la dependencia, sería tan sencillo como derogarla”, ha señalado