Las catorce trabajadoras sociales que hemos venido desempeñando nuestro trabajo en la Oficina para la Dependencia en los últimos cuatro años, tenemos que abandonar nuestra labor de atención a las personas dependientes por razones económicas y políticas que no entendemos y que no vamos a llegar a entender.

En relación a la ley aprobada esta mañana en la Asamblea Regional, consideramos una grave injusticia que 1 de cada 3 dependientes reconocidos, con derecho a servicio o prestación, hasta ahora no recibían ni servicio ni prestación y ahora se les aplique con carácter retroactivo medidas negativas que no tienen en cuenta las necesidades de las personas dependientes.

Resulta lamentable escuchar en la tribuna de la Asamblea Regional que, esta modificación regional de la ley, a quien va a molestar es a los hijos que querían cobrar una paga por cuidar de sus padres dependientes. La prestación económica de cuidados en el entorno es la prestación que se da al dependiente para que haga frente a los gastos necesarios para su cuidado, no se ingresa a los familiares, aunque resulta evidente que si una persona está cuidando de su familiar, no está formándose ni está buscando empleo ¿Se ha preguntado el Gobierno Regional quién hará frente al cuidado de los dependientes si los familiares no tienen apoyos? Es de rechazo escuchar esas palabras cuando los familiares cuidan a sus familiares, cumpla el Gobierno Regional la ley, o la incumpla como sucede actualmente.

La Ley de Dependencia es una ley de servicios, y lo fue desde su aprobación. La Región de Murcia siempre ha estado a la cabeza de la prestación porque no hay servicios públicos suficientes. El principal servicio de la dependencia es la ayuda a domicilio, la necesitan entre el 93 y 99% de los dependientes (Cifras del Gobierno Regional), y en nuestra Región no se ha puesto en marcha. Crearía 1 puesto de trabajo directo por cada 2 grandes dependientes. Crearía empleo en los municipios de menos de 5.000 habitantes (8 de los 10 municipios con mayor tasa de dependientes), habría un importante retorno en seguros sociales. Se dice que si existe la ayuda a domicilio, cierto, pero ninguna persona dependiente de la CARM la recibe según datos del IMSERSO y de la CARM.

Si no hay plazas públicas, las personas pueden acudir a un servicio y una vez pagado, deben remitir la factura al IMAS que les reembolsará lo pagado en exceso de acuerdo con su copago. ¿Sabe el Gobierno Regional cuantas personas mayores disponen de 1.100 euros al mes, para anticiparle al Gobierno la parte que les corresponde por Ley en un Centro de Día? Mucho menos para el coste de una residencia. ¿Sabe explicar el Gobierno Regional porque las personas que han acudido a plazas privadas, han pagado la factura y la han presentado al IMAS, siguen consumiendo sus ahorros sin que la Administración reconozca su obligación de pago? Ni lo conoce, “ni se le espera”.

Pues bien, la nueva Ley indica que mientras haya una plaza libre pública, o en su defecto privada (pagada anticipadamente por el dependiente), no se tendrá derecho a recibir prestación económica. Las personas con menos ingresos serán quienes se vean afectadas, y las personas con mayores recursos no harán uso de la ley, porque tendrán que pagarla de manera íntegras como si fuera una residencia privada, por lo que ¿Para qué hacer el trámite?. La Región de Murcia da carácter legal al desmantelamiento progresivo y definitivo de la Ley de Dependencia, si la Justicia no lo impide, se ignoran las necesidades de los murcianos y murcianas, aquellas por las que hacemos frente a nuestros impuestos.

No se está aplicando la ley, y no hay consecuencias para el Gobierno Regional. Y si las hay, son por vía de demanda judicial individual, y cuyas condenas a la Administración se pagan con los impuestos de los murcianos, motivo que explica el reiterado incumplimiento de la legalidad vigente, ya que no existe sanción penal para los responsables, ni son ellos quienes deben de abonar las costas judiciales, los letrados o las condenas.

Una vez se conozca el texto definitivo de la ley aprobada hoy, procederemos a su análisis en profundidad y difusión de los resultados de los mismos. Hoy, se ha dado carácter legal a una página para la vergüenza en la Región de Murcia.

Frente a la postura del Gobierno Regional, encontramos la postura del Gobierno de Castilla y León (PP), que presume del buen cumplimiento de la Ley. Remitimos un extracto de la noticia publicada por la Junta de Castilla y León hace menos de un mes:

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284273816957/Comunicacion

Castilla y León es la comunidad con la mayor cobertura de Servicios Sociales en España, según el Índice DEC

Castilla y León continúa a la cabeza de los Servicios Sociales

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades valora como muy positivo que la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales considere a la Comunidad entre las que mejor desarrollan los Servicios Sociales. “Una vez más los Servicios Sociales de Castilla y León dan muestra de su buen hacer y son ejemplo de España; lo dicen estos profesionales independientes”, ha señalado Marcos, para quien “Castilla y León, de nuevo, es referente nacional, no sólo en la concesión de prestaciones, sino en la adecuación de éstas a las necesidades de las personas”. Para Milagros Marcos, “lo más importante” es que “Castilla y León lo hace con medidas eficaces de gestión y de racionalización del gasto, haciendo más con menos”.

El Consejo General del Trabajo Social alerta de que “el nuevo sistema de subvenciones sociales” que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia aprobará esta tarde puede ser un paso más hacia la sustitución de los derechos sociales por “parches” de emergencia.

El CGTS recuerda al Gobierno que las familias ya no pueden soportar más recortes sociales.

La presidenta del Consejo, Ana Lima, recuerda que es la red pública de servicios sociales quien debe liderar la actuación en situaciones de emergencia social.

“La administración pública debe velar por la cobertura de necesidades básicas como la alimentación y desarrollo humano de la ciudadanía, no vale con enviarlos a un comedor social”, denuncia Lima.

El CGTS aplaude el informe del Consejo de Estado sobre la reforma de la Administración Local y anima al Ejecutivo a replantearse el anteproyecto.

Miembros del Colegio, acompañados del servicio jurídico, han acudido a una segunda citación por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia para abordar los incumplimientos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de Dependencia y de Renta Básica de Inserción.

La denuncia se encuentra en estudio por lo que aún no se puede facilitar más información al respecto.

A las 12:00 horas ha tenido lugar el juicio contra la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el impago de 22.500,00 euros de la subvención nominativa de 2009 para la prestación del servicio de atención telefónica a víctimas de violencia de género y/o abusos sexuales, a traves del teléfono de emergencias 112.

La deuda que no había sido reconocida formalmente, tras las reclamaciones previas en vía administrativa, y sin haber obtenido respuesta formal por parte de la Administración, cumplidos los plazos correspondientes, se procedió a interponer demanda judicial en julio de 2012.

Inicialmente el juicio fue fechado para 2015, pero el juez acordó adelantar el mismo al 3 de julio de este año.

Tras 4 años de reclamaciones por todas las vías posibles, y habiendo puesto en riesgo la sostenibilidad económica del Colegio (Pues el Colegio hizo frente puntualmente al pago de las nóminas de las trabajadoras sociales que prestaron dicho servicio), no fue hasta el pasado 31 de diciembre cuando se hizo el reconocimiento formal de deuda, una vez interpuesta la demanda y fechado el juicio, sin posibilidad de acceder al Plan de Pagos por ser un reconocimiento realizado en 2012.

Y no fue hasta el 27 de junio de 2013, a menos de una semana del juicio, cuando se hizo efectivo el pago del importe adeudado.

La Junta de Gobierno de 17 de junio, ante la falta de pago en dicha fecha, y dada la proximidad del juicio, acordó seguir adelante aunque en el periodo posterior se realizara el pago (Tal como ocurrió), puesto que entiende que corresponde reclamar la condena en costas a la administración y el abono de los interes de demora.

Durante el juicio solicitamos que se condenara a la Administración por su inactividad, a pesar del pago previo al juicio, pues durante 4 años no puso las medidas a su alcance para abonar el mismo, así como la condena en costas e intereses de demora.

La Comunidad Autónoma por su parte no discutió la licitud de la deuda. Aunque sí alegó que no ha existido inactividad alguna por parte de la Administración, puesto que llegado el juicio la deuda estaba satisfecha. Igualmente, reclamó que el asunto fuera trasladado a otro juzgado.

El asunto quedó visto para sentencia, en la que se determinará si se traslada el asunto a otro juzgado o no, y en caso de que no proceda trasladarlo, se dictará el fallo sobre si condena en costas y abono de intereses a la Administración o no.

Si algún colegiado/a desea ampliar más información al respecto o que se aclare alguna de las cuestiones expresadas, puede ponerse en contacto con el Colegio.

La Administración Regional niega sistemáticamente la Renta Básica de Inserción, una prestación reconocida por ley que garantiza el acceso al agua, a la luz eléctrica, a la alimentación o ropa, a las familias en paro.

Gracias a un convenio suscrito por ambas instituciones que también ha posibilitado un acompañamiento social a unas 40 personas.

El consejero Sevilla inaugura la jornada `Erradicación del Chabolismo en Murcia. Vivienda Digna y Proceso de Acompañamiento´ que congregó a una veintena de representantes de organizaciones no gubernamentales y ayuntamientos.

Avisa que el “coste estándar” de los servicios es un cheque en “blanco” al Gobierno para quitar competencias locales que garantiza la Carta Magna.