La norma limita las cuotas de los socios de colegios profesionales.

El Gobierno está ultimando el anteproyecto de Ley de Colegio y Servicios Profesionales por el que reducirá la colegiación obligatoria en las 80 profesiones actuales a 38 cuando esté aprobada la nueva norma, según fuentes conocedoras del proyecto. La ley restringe la colegiación obligatoria a actividades legales, sanitarias y técnicas. Entre las profesiones en las que se mantiene la colegiación obligatoria están los médicos, dentistas, farmacéuticos, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas, biólogos, físicos, químicos, geólogos, psicólogos, arquitectos, arquitectos técnicos, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, así como las ingenierías e ingenierías técnicas reguladas. Deja fuera a los abogados de empresa y los arquitectos e ingenieros, en régimen de dependencia laboral, que no firman proyectos ni dirijan obras ni su ejecución. Solo una ley estatal podrá crear obligaciones de colegiación.

Murcia es la comunidad autónoma con el ratio más bajo de plazas residenciales para personas mayores, apenas 2,27 por cada 100 mayores de 65 años.

La Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social ‘Feacem Región de Murcia’ se ha constituido hoy con el objetivo de representar, impulsar y dar visibilidad a estas entidades, cuyo objetivo es integrar a personas con discapacidad en el mercado laboral.

Un informe elaborado por los sindicatos y la patronal del sector denuncia la caída en la financiación pública de la Dependencia.

«Las actuaciones no deben quedar en el marco teórico», reclama el presidente de la organización en la Región, porque «el niño que tiene carencias alimentarias, las tiene desde que se cerraron los colegios en junio».

La media de aportación por usuario al año ha pasado de 960,88 euros (2009) a 1.613,59 (2013).

Empresarios y sindicatos destacan en un informe la caída de usuarios y de financiación pública.

GRÁFICO Beneficiarios de los servicios de dependencia.

Enlace Informe

El plazo medio de resolución de las demandas se eleva a más de 300 días en estas tres comunidades autónomas.

Setecientas familias tendrán que seguir esperando porque el incremento de 450.000 euros no da para cubrir toda la lista de espera.